Cristina Kirchner continúa su estrategia legal para evitar que quede firme su condena en la causa Vialidad. A través de su defensa, encabezada por Carlos Beraldi, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia solicitando su absolución. Sin embargo, si el máximo tribunal rechaza su pedido, la exmandataria tiene un plan alternativo: recurrir a organismos internacionales.

Según trascendió, la defensa de la titular del Partido Justicialista evalúa acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, en una segunda instancia, a Amnistía Internacional. Allí argumentará que hubo violaciones a sus garantías judiciales y que el Estado argentino tuvo un rol determinante en su condena.

El argumento de la defensa

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por fraude al Estado en la adjudicación de obras viales al empresario Lázaro Báez. No obstante, la fiscalía busca agravar la pena sumando la figura de asociación ilícita, lo que podría elevar la condena a 12 años.

La defensa sostiene que el proceso estuvo viciado por irregularidades y que hubo una "connivencia" entre la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) y jueces que habrían actuado con parcialidad durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, remarcan que no se realizaron pericias clave sobre las obras en cuestión y que se tergiversó la interpretación de pruebas fundamentales.

La recusación a un juez de la Corte

En su presentación, Beraldi también recusó al juez de la Corte Suprema Manuel García-Mansilla, designado por decreto por Javier Milei. Para el kirchnerismo, esta designación viola la Constitución, ya que el propio magistrado había declarado en el Senado que nunca aceptaría un nombramiento de este tipo.

Cristina Kirchner reforzó su postura con declaraciones del propio Milei, quien días atrás aseguró con total certeza que "la exvicepresidenta terminaría en prisión". La defensa sostiene que este tipo de afirmaciones afectan la independencia judicial y ponen en duda la imparcialidad del proceso.