El Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), denunció penalmente irregularidades en el otorgamiento de subsidios a comunidades indígenas. Según el titular del organismo, Claudio Avruj, gran parte de los $1.200 millones entregados durante los gobiernos kirchneristas no fueron rendidos ni controlados adecuadamente.

Entre los casos más graves, se destaca que parte de estos fondos se utilizaron para pagar honorarios de abogados que defendieron a comunidades en causas judiciales por usurpación de tierras e incluso incendios. "Se convirtió en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para que los defendieran en causas donde eran imputados por diversos delitos", explicó Avruj.

Auditorías revelan falta de transparencia

Dos auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) expusieron graves falencias en el manejo de los subsidios. Por ejemplo, se detectó que no existían registros de reuniones con las comunidades beneficiarias, ni informes que justificaran la entrega de fondos.

Uno de los casos más llamativos es el de la Comunidad Mapuche Lof Che Buenuleo, en Río Negro, que recibió $1.770.000 para asistencia jurídica. Sin embargo, no se encontró documentación que respaldara el uso de esos fondos. Situaciones similares se repitieron en otras comunidades, como Lof Kinxikew en Neuquén y Newen Mapu en Río Negro, que recibieron millones sin rendir cuentas.

El fin del Programa de Fortalecimiento Comunitario

Ante estas irregularidades, el Gobierno decidió dar de baja el Programa de Fortalecimiento Comunitario, creado en 2003 durante la gestión de Alicia Kirchner. Avruj calificó el programa como una "obscenidad" y destacó que nunca cumplió su objetivo original.

"Ese programa nunca cumplió su objetivo y se lo convirtió en una sesión de dinero del Estado Nacional para que las comunidades contrataran abogados que terminan litigando contra el Estado", afirmó el titular del INAI.

Además, se detectó que algunos subsidios se utilizaron para financiar litigios contra el propio Estado, como en el caso de la Comunidad Lafken Winkul Mapu, que recibió fondos mientras enfrentaba desalojos en Villa Mascardi, Río Negro.