Julio "Chocolate" Rigau, detenido por retirar dinero con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense, podría celebrar el Año Nuevo en su hogar. La Justicia de La Plata ha ordenado el inicio de los trámites para otorgarle prisión domiciliaria, vigilada por una pulsera electrónica, tras la confirmación de que la Fiscalía General no apeló a la Suprema Corte.

Rigau pasó la Navidad en una celda de la Unidad 26 de Olmos, pero su situación podría cambiar pronto. El juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, ha avanzado en los procedimientos necesarios para que "Chocolate" pueda cumplir con su prisión preventiva en el confort de su hogar, siempre bajo vigilancia tecnológica.

Proceso Legal y Argumentos de Defensa

Desde su detención en septiembre del año pasado, donde fue capturado extrayendo dinero de tarjetas en un cajero del Bapro cerca del parlamento provincial, Rigau ha estado bajo juicio por defraudación e integración a una presunta asociación ilícita. La defensa de Rigau argumentó su estado de salud para solicitar la "morigeración" de su prisión preventiva, destacando que sufre de depresión emocional y problemas de presión arterial, agravados por la muerte de su esposa durante su encarcelamiento.

A pesar de que inicialmente el juez Atencio rechazó esta solicitud, la apelación fue aceptada por el Tribunal de Casación en octubre, permitiendo el beneficio de la prisión domiciliaria. La decisión quedó firme debido a la inacción de la Fiscalía General en apelar ante la Suprema Corte, lo cual fue confirmado por el juez en un escrito reciente.

Sin embargo, un obstáculo inesperado se presenta: la falta de pulseras electrónicas disponibles en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Fuentes del estudio de abogados de Rigau indican que esperan una alternativa, ya que "no se puede desestimar una decisión judicial por falta de presupuesto". En casos similares, se ha optado por controles policiales sorpresivos en lugar de la pulsera.

 La investigación de la fiscal Betina Lacki ha implicado a otros dos dirigentes del Frente Renovador, quienes también enfrentan prisión preventiva. La apertura del celular de Rigau reveló conexiones que sugieren un esquema de desfalco que podría ascender a 800 millones de pesos desde 2021.

El escándalo también tocó el ámbito judicial cuando la defensa de Rigau intentó anular la detención por un tecnicismo legal, una decisión que fue revocada, pero que dejó en evidencia las tensiones y complejidades del sistema judicial ante casos de alto perfil.