Desde Ecuador, reclaman que agencias se comprometieron a asegurar el servicio de educación gratuita en argentina y, finalmente, tras las medidas del actual gobierno, los estudiantes recibieron órdenes de deportación.

El caso dio inicio hace siete meses y la investigación fue presentada en la Cancillería de Ecuador en Argentina pero desde el país ecuatoriano afirman que aún no tuvieron ninguna respuesta. 

En una conferencia de prensa, remarcaron que ninguno de los empresarios encargados de estas agencias fue imputado, aunque no dieron nombres de las agencias. 

Afirman que estas empresas exigieron pagos desde u$d 800 hasta u$d 5.000 para comenzar con los trámites en las universidades de Argentina. 

"Los estudiantes serán puestos en prisión por delitos que jamás cometieron", finalizaron.