El brutal informe de Amnistía Internacional sobre la gestión del gobierno de Milei
El organismo alertó por el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad y el despliegue de las fuerzas en las marchas. Preocupación por los jubilados, la falta de acceso a la información y la cibervigilancia.
Amnistía Internacional lanzó su informe 2025 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, y Argentina no salió bien parada. Bajo el título "12 meses de gestión, 12 derechos perdidos", el capítulo dedicado al país señala un "retroceso profundo y acelerado" durante el primer año del gobierno de Javier Milei.
Desde represión a la protesta hasta vigilancia digital, el informe advierte sobre el impacto de las políticas de ajuste y el endurecimiento del aparato estatal frente a la disidencia.
Represión, ajuste y control: los ejes del informe
La organización internacional cuestionó especialmente el uso del "Protocolo Anti-Piquetes", impulsado por el Ministerio de Seguridad, que legitima el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones. Según Amnistía, esto forma parte de una estrategia general de criminalización del disenso y reducción de los espacios democráticos.
También se denunciaron:
Ataques a la libertad de expresión y al acceso a la información pública.
Persecución a periodistas críticos, con discursos estigmatizantes desde el poder.
Recortes profundos en derechos económicos y sociales, afectando principalmente a jubilados, personas en situación de pobreza y trabajadores del Estado.
"La respuesta del Gobierno ante la protesta pacífica y la crítica pública evidencia un giro autoritario que pone en riesgo la convivencia democrática", alertó Mariela Belski, directora de Amnistía Argentina.
Cibervigilancia y derechos bajo amenaza
Otro punto preocupante del informe fue el avance de la cibervigilancia estatal, impulsada -según Amnistía- bajo el argumento de mejorar la seguridad. El uso de tecnologías de inteligencia artificial y bases de datos oficiales para perfilar ciudadanos, advierten, podría derivar en violaciones a la privacidad, discriminación y control social masivo.
"El Estado ya recopila datos sensibles a través de ANSES, AFIP y RENAPER. Sumado al monitoreo de redes sociales y dispositivos personales, se configura un escenario peligroso para los derechos digitales", concluye el documento.