El Gobierno anuncia despidos por el paro en el Registro Automotor y sube la tensión con ATE

El Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, confirmó el despido sin indemnización de trabajadores del Registro de la Propiedad del Automotor vinculados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Según el gobierno, los empleados participaron en una protesta "ilegal y extorsiva" que paralizó la sede central y generó "pérdidas millonarias".

"Esta administración no tolerará la violencia ni los actos que perjudiquen los servicios al ciudadano", afirmó un comunicado oficial, destacando que las acciones sindicales interrumpieron funciones clave del organismo.

ATE responde: "No vamos a permitir que pisoteen la Constitución"

El gremio estatal, encabezado por Daniel Catalano y Rodolfo Aguiar, negó las acusaciones de violencia y calificó los despidos como una maniobra para amedrentar al personal. "No hay huelga más legítima que la que defiende el puesto de trabajo", expresó Catalano.

Por su parte, Aguiar denunció un intento de "autoritarismo extremo" y planteó la posibilidad de un juicio político contra el ministro. "No vamos a permitir que se utilicen amenazas para desmantelar derechos laborales básicos", añadió.

El trasfondo del conflicto: retiros voluntarios y ajustes

El detonante de las protestas fue la implementación de un Plan de Retiro Voluntario en el Ente Cooperador ACARA, responsable de financiar más del 50% de los salarios en el Registro Automotor. La propuesta ha tenido baja adhesión debido a indemnizaciones consideradas insuficientes y pagos en cuotas.

ATE acusa al gobierno de presionar a los empleados para aceptar contratos precarios o enfrentar despidos sin compensación. "Están dejando a los trabajadores sin garantías, con contratos que no aseguran estabilidad ni salario justo", señaló Paola Pedronccini, delegada general del Ministerio de Justicia.

Movilizaciones y apoyo sindical

ATE y otros gremios se concentraron esta mañana frente al Ministerio de Justicia para repudiar los despidos y exigir la continuidad laboral. Referentes sindicales como Pablo Moyano, Hugo Yasky y Sergio Palazzo manifestaron su respaldo al reclamo, advirtiendo sobre los riesgos de desmantelar áreas clave del Estado.