El Gobierno argentino está a punto de publicar un decreto que iniciará el proceso de licitación de la principal vía del Mercosur, crucial para el comercio en la región. Según fuentes oficiales, la norma se publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas, tras haber sido pospuesta de diciembre pasado.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dependiente del Ministerio de Economía, había anunciado en noviembre un cronograma para transferir estas rutas al sector privado. El primer paso es la licitación de dos tramos del Corredor 18, que incluye las Rutas Nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria, afectando a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y conectando con Brasil, Paraguay y Uruguay. Este corredor tiene una extensión aproximada de 675 kilómetros.

Expansión de la privatización en la red vial nacional

Este es solo el inicio de un plan mayor que contempla la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas, muchas de las cuales están sin concesionar o bajo la administración de Corredores Viales, una empresa estatal. Estas vías representan el 20% de la red vial nacional, pero manejan el 80% del tránsito, lo que las convierte en un atractivo negocio para constructoras interesadas en peajes, con un ahorro estimado de USD 6.100 millones para el Estado en los próximos 15 a 20 años.

La licitación de este primer tramo estaba prevista para diciembre, con la adjudicación y toma de posesión en abril de 2025, exactamente cuando vence la concesión de Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), empresa que ha operado estas rutas desde 1990 y que demandó al Estado por no ajustar las tarifas y no renegociar el contrato desde 2009.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su apoyo a la Federación Económica de Corrientes (FEC) en la necesidad de reparaciones urgentes en el Corredor 18. "El actual estado de deterioro constante genera no sólo un encarecimiento significativo de los costos de transporte y logística, sino también un alarmante aumento de accidentes viales con consecuencias fatales. Es indispensable que las rutas 12 y 14 sean transitables y seguras, lo que conllevará un impacto positivo en el desarrollo productivo, turístico y social de las provincias comprendidas", sentenció CAME.

Por su parte, CRUSA argumenta que el atraso en las tarifas ha impedido el mantenimiento adecuado de las rutas, llevando a la empresa a un acuerdo con la mayoría de sus acreedores tras un proceso preventivo de crisis. Desde el Gobierno, se ha decidido no renegociar el contrato actual y avanzar con la licitación, asignando una nueva concesionaria a partir del 10 de abril