El Gobierno de la Nación avanza en la elaboración de un proyecto de ley denominado "Ley de Igualdad ante la Ley", con el objetivo de eliminar lo que consideran "discriminación positiva" en diversas áreas del Estado. La iniciativa, que está siendo redactada por el asesor presidencial Santiago Caputo junto a su equipo, busca derogar varias normativas que actualmente benefician a minorías, como el cupo trans en el Estado, la ley de paridad de género y la tipificación del femicidio en el Código Penal.

El proyecto se enviará en los próximos meses al Congreso, aunque aún no tiene una fecha definida, y se debatirá en un contexto de plena campaña electoral. 

La propuesta plantea la modificación o derogación de leyes que, según fuentes del Gobierno, distorsionan la igualdad ante la ley y no deberían seguir en vigor.

Cambios en el cupo trans y en las leyes de igualdad de género

Uno de los cambios más significativos propuestos por el Gobierno es la derogación de la ley 27.636, conocida como la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero, que establece un cupo mínimo de 1% de los cargos públicos ocupados por personas trans. Esta ley fue promulgada en la gestión de Alberto Fernández, y ahora se busca eliminar esta medida.

Además, la nueva ley contempla la modificación de la Ley 22.431, que establece un porcentaje mínimo de 4% de personas con discapacidad en los cargos públicos. Según los funcionarios responsables del proyecto, la iniciativa no busca beneficiar a ciertos grupos, sino garantizar igualdad de trato para todos los ciudadanos.

Eliminación del DNI no binario y otras modificaciones en el Código Penal

En cuanto a los derechos de las personas no binarias, se propone derogar el Decreto 476/2021 que introdujo la opción de "X" en los documentos nacionales de identidad (DNI) y pasaportes. También se plantea la anulación de la Ley de Paridad de Género, que exige la intercalación de hombres y mujeres en las listas de candidatos a cargos políticos.

Por otro lado, el proyecto también propone cambios en el Código Penal, específicamente en la tipificación del "femicidio", que fue incorporado en 2012. Según el Gobierno, no tendría sentido que la pena por un homicidio sea distinta dependiendo del sexo de la víctima, y por ello se buscaría eliminar esta distinción.

Modificaciones en la Ley Micaela y la capacitación obligatoria en género

La ley también afectaría la Ley Micaela, que obliga a todos los funcionarios públicos a recibir capacitaciones en género y violencia de género. Según los impulsores del proyecto, se revisará la obligatoriedad de estas capacitaciones, lo que podría generar un cambio significativo en las políticas de igualdad de género en el ámbito público.