El Gobierno nacional ya le confirmó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que planea cambiar el sistema de subsidios a las tarifas de luz y gas. La idea es reemplazar la segmentación vigente desde 2022 -que divide a los usuarios en tres niveles de ingresos- por un esquema más simple, con solo dos categorías: aquellos que reciban una tarifa social y quienes paguen tarifa plena.

El nuevo modelo será similar al que rigió durante el gobierno de Mauricio Macri entre 2016 y 2019 y apunta a reducir el gasto público enfocando los subsidios únicamente en los sectores más vulnerables. La Secretaría de Energía ya trabaja en el diseño de este sistema, que buscaría estar operativo luego de las elecciones legislativas.

Qué se acordó con el FMI y por qué se demora su aplicación

El compromiso con el FMI quedó reflejado en el staff report, donde se detalla que las tarifas deberán "alinearse con los niveles de recuperación de costos" para los hogares de mayores ingresos y que se reemplazará el complejo esquema actual por "un único subsidio energético para los hogares de bajos ingresos".

En principio, se proyectaba ponerlo en marcha en mayo, junto con los nuevos cuadros tarifarios definidos en las audiencias públicas de febrero. Sin embargo, el contexto de volatilidad cambiaria registrado en marzo llevó al Gobierno a posponer la medida para evitar un mayor impacto inflacionario.

Actualmente, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), más de 2,8 millones de usuarios tienen tarifa subsidiada: 1,97 millones en el nivel de ingresos bajos (N2) y 1,13 millones en el nivel medio (N3). Otros 2,3 millones abonan la tarifa plena.

Avances en la reforma del mercado energético

Además del nuevo esquema de subsidios, el Gobierno se comprometió ante el FMI a avanzar en la reforma del mercado mayorista eléctrico (MEM). La meta es implementarla en noviembre y permitir mayor competencia entre generadores y distribuidores, lo que aliviaría la presión sobre el sistema de pagos del sector.

Una de las medidas recientes fue la resolución 21 de la Secretaría de Energía, que habilita a las empresas a celebrar contratos directos sin pasar por CAMMESA, buscando recuperar un sistema de libre contratación energética.

Desde el oficialismo señalan que estas iniciativas apuntan a "armonizar mejor las contribuciones con las prestaciones", fomentar la formalización laboral y ordenar un sistema que califican como "fragmentado e ineficiente".