El Gobierno de Javier Milei está a punto de tomar una decisión clave respecto a los pliegos para la Corte Suprema de Justicia. Según confirmaron fuentes cercanas a la Casa Rosada, el presidente deberá decidir en las próximas 48 horas si avanza o no con los decretos para Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. El escenario se complicó a raíz de las tensiones con la oposición, particularmente con el kirchnerismo, tras la maniobra de Cristina Kirchner de acelerar el dictamen para que avance en la Comisión de Acuerdos del Senado la propuesta para el juez Lijo.

La negativa del Senado a ratificar ambos pliegos, sumada a la dilación en el proceso, puso al Gobierno ante la necesidad de recurrir a la herramienta del decreto para avanzar con los nombramientos. A pesar de las críticas de algunos sectores, la administración de Milei considera que esta es la única salida posible, ya que las opciones de que ambos candidatos sean aprobados por el Senado en las sesiones extraordinarias son cada vez menores.

El desafío en el Senado y el impacto de los decretos

La opción de que los pliegos de Lijo y García Mansilla sean considerados por el Senado en las próximas sesiones extraordinarias se ve cada vez más remota. Desde el Ejecutivo reconocen que las probabilidades de que uno o ambos jueces pasen el filtro parlamentario son mínimas. Los funcionarios aseguran que los riesgos de que no se logren aprobar ambos pliegos son altos, lo que dejaría a la Corte Suprema con solo tres miembros a partir de la salida de Juan Carlos Maqueda a fin de año, una situación que la Casa Rosada quiere evitar a toda costa.

De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, las posibilidades de que se avance con los decretos para nombrar a Lijo y García Mansilla juntos aumentaron, pasando de 3 sobre 10 a 6 sobre 10 en los últimos días. Los pliegos serían presentados sin la posibilidad de un canje o negociación con la oposición, dado que el Gobierno considera que es una facultad exclusiva del presidente definir los nombres para la Corte Suprema. Además, se asegura que no habrá decretos escalonados, sino que los dos jueces serían nombrados simultáneamente, lo que podría generar tensiones políticas en el Congreso.

El Gobierno no descarta la posibilidad de ampliar la Corte a nueve miembros, aunque esta opción se ve como una provocación. La interpretación que hacen en la Casa Rosada de la Constitución les permitiría nombrar hasta seis nuevos jueces en comisión por decreto, una jugada que, aunque factible según su lectura de la ley, no se prevé que sea implementada, ya que generaría una fuerte oposición tanto interna como externa.

El futuro de la Procuración General de la Nación

Como parte de la reestructuración judicial, el Gobierno también está evaluando a tres posibles candidatos para Procurador General de la Nación, un cargo que quedará vacante en 2025. En este contexto, se están analizando varias opciones para reemplazar al procurador interino Eduardo Casal, quien fue criticado por no haber avanzado con la implementación del sistema acusatorio. El Gobierno considera que Casal no hizo lo suficiente para modernizar el Ministerio Público, por lo que se busca un perfil más dinámico para el cargo.

De las opciones barajadas, se destacan dos figuras conocidas: Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales porteños, y Mariano Borinsky, camarista de Casación Federal. Sin embargo, hay un tercer candidato en estudio, del que no revelaron el nombre, pero que según fuentes oficiales podría convertirse en el "tapado" en la carrera por la Procuración. En este proceso, descartaron a Julio Conte Grand, procurador de la Provincia de Buenos Aires, quien era una opción que Axel Kicillof había propuesto para el cargo, así como a Sebastián Amerio, el secretario de Justicia que tiene cercanía con figuras clave del gobierno de Alberto Fernández.