La denuncia, presentada por Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, incluye cargos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.

Los hechos que motivaron la denuncia

La protesta de los jubilados, que tuvo lugar en las cercanías del Congreso, se vio envuelta en disturbios graves, con la participación de grupos de barrabravas de distintos clubes de fútbol. Estos grupos protagonizaron enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad, lanzando piedras, armas blancas y causando graves daños materiales, incluyendo la quema de patrulleros y otros bienes públicos. Según el Gobierno, los incidentes fueron orquestados por estas agrupaciones organizadas, cuyo objetivo era generar caos y enfrentarse a la policía.

El informe del Ministerio de Seguridad detalla que los manifestantes llegaron al Congreso armados con palos, cuchillos, armas de fuego y otros objetos para generar daños, lo que evidencia que los disturbios fueron premeditados. La denuncia resalta que la violencia fue ejecutada por "barras bravas" de diversos clubes deportivos, quienes actúan como asociaciones ilícitas involucradas en actividades violentas.

La acusación contra la jueza Karina Andrade

El Ministerio de Seguridad cuestionó la actuación de la jueza Andrade, quien, según la denuncia, liberó a los detenidos sin seguir los procedimientos legales establecidos. En la acusación, se sostiene que la jueza "omitió la aplicación de las normas procesales" y actuó fuera de su jurisdicción, dictando resoluciones a través de un grupo de WhatsApp con fiscales y defensores. Se argumenta que esta actuación violó el principio acusatorio y no respetó los derechos de las víctimas, ya que la resolución de la jueza no fue debidamente registrada ni contó con la intervención de todas las partes involucradas.

Además, se señala que la jueza otorgó la libertad a 114 detenidos sin haber revisado los antecedentes penales de los mismos, muchos de los cuales contaban con un historial delictivo significativo. El Gobierno argumenta que este acto fue un incumplimiento grave de la ley y que la jueza actuó de manera arbitraria e ideológica, sin justificación legal ni evidencia suficiente.

Repercusiones y denuncias políticas

La denuncia también subraya que la decisión de liberar a los detenidos fue una "voluntad personal" de la jueza, impulsada por consideraciones políticas y sin fundamento legal. En su defensa, Andrade había señalado que la razón detrás de su resolución fue la falta de espacio en las comisarías para alojar a los detenidos, un argumento que, según el Gobierno, no justifica su proceder.

La denuncia apunta a que la jueza Andrade incurrió en prevaricato y abuso de autoridad al tomar decisiones fuera del marco legal, lo que podría tener serias consecuencias legales y políticas.

Este caso sigue generando controversia, mientras el Gobierno asegura que tomará todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad pública en situaciones de protesta y disturbios.