El Gobierno de Javier Milei ordenó la disolución de la Unidad Especial de Investigación (UEI), una entidad establecida en 2004 con el propósito de buscar a los menores desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. El decreto 727/2024, publicado en el Boletín Oficial, pone fin a la normativa 715/2004, que había sido implementada bajo el gobierno de Néstor Kirchner.

El gobierno justifica esta medida argumentando que la UEI tenía un "acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos" que, según el texto del decreto, debería estar bajo el control exclusivo del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Según la nueva normativa, esta estructura contraviene los principios constitucionales y las leyes vigentes, al vulnerar derechos fundamentales como el artículo 43 de la Constitución Nacional, que protege la intimidad.

Además, el decreto establece que las competencias de investigación de la UEI serán ahora gestionadas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad a través de una nueva unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Esta reestructuración responde, según el Gobierno, a la necesidad de alinear las investigaciones con los requisitos legales establecidos.

La decisión del Ejecutivo llega en un momento crítico, justo después de que Abuelas de Plaza de Mayo advirtiera sobre la posible disolución del organismo en cuestión. En un comunicado reciente, la organización había señalado que la eliminación de la UEI podría "ralentizar la búsqueda de nuestros nietos y nietas" y constituir un "perjuicio para la ciudadanía y un obstáculo para la justicia". Actualmente, Abuelas de Plaza de Mayo tiene alrededor de 7000 denuncias de posibles casos de sustitución de identidad que estaban siendo analizados por la unidad disuelta.