El Gobierno, a través de la Secretaría de Energía que dirige Eduardo Rodríguez Chirillo, eliminó los precios máximos para las garrafas de gas envasado, dejando que sean las empresas las que determinen los valores de este insumo crucial. 

La decisión, que impactará directamente a los hogares que dependen del Gas Licuado de Petróleo (GLP), fue oficializada este lunes mediante la Resolución 216/2024 publicada en el Boletín Oficial.

Hasta ahora, el 43,9% de la población argentina, según datos del censo 2022, utiliza gas en garrafas, lo que representa a más de 20 millones de personas. Con esta desregulación, el Gobierno apuesta a que la libre competencia y la eficiencia económica generen una mejora en el mercado, aunque reconoce que en el corto plazo podría haber "una corrección pequeña" en los precios.

Los nuevos precios de referencia, que ya no tendrán un tope impuesto por el Gobierno, son los siguientes: la garrafa de 10 kg costará $8.500, la de 12 kg, $10.200, y la de 15 kg, $12.750, todos con impuestos incluidos. Pese a la desregulación, la tarifa social del Programa Hogar, que subsidia parte del valor de la garrafa de 10 kg, seguirá vigente, sin cambios por el momento.

En la Secretaría de Energía confían en que, aunque los valores estén liberados, el mercado no experimentará un aumento significativo, ya que las empresas deberán competir entre sí para no perder clientes. Sin embargo, esta situación podría variar según la región, con zonas como la Patagonia mostrando escenarios distintos.

La medida está respaldada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que promueve el funcionamiento libre de los mercados energéticos en todo el país. Aunque el Gobierno defiende que la desregulación generará inversiones y mayor competencia, la preocupación entre los consumidores de menor poder adquisitivo es inevitable, ya que un aumento en el precio de las garrafas podría afectar a una gran parte de la población que depende de este servicio esencial.