El Gobierno argentino está preparando una reforma del Código Civil y Comercial que será enviada al Congreso durante las sesiones ordinarias. Las modificaciones apuntan sobre todo al libro tercero, con el objetivo de fomentar una mayor desregulación en el ámbito comercial. La intención es permitir que los privados acuerden libremente sin la intervención del Estado.

"La base de la reforma es que los privados puedan acordar lo que quieran sin la intermediación del Estado", expresan desde la Nación. Esto implica cambios en los títulos II y IV del libro tercero, que regulan las contrataciones en general y en particular.

Mediación y Arbitraje como Alternativas

Paralelamente, se busca promover la mediación y el arbitraje como métodos alternativos para resolver conflictos entre partes, evitando así la judicialización de disputas. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para agilizar procesos y reducir la carga judicial.

Además, el Gobierno planea simplificar trámites en casos de sucesiones y divorcios, facilitando la vida de los ciudadanos en trámites que suelen ser engorrosos. Este trabajo está siendo llevado adelante por el equipo de abogados de la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, bajo la supervisión del asesor presidencial Santiago Caputo.

Reformas en Otros Frentes

Desde mediados de 2024, el Ejecutivo también ha estado revisando la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para reformar las relaciones laborales y fomentar la formalidad, como parte del Pacto de Mayo firmado por el presidente.

En el ámbito laboral, se está considerando una desregulación antes de abordar una reforma previsional, donde se contempla la opción de sistemas jubilatorios privados como las AFJP. "Si no tenemos un nuevo universo de aportantes, no tiene sentido que reestructuremos el sistema", comentan desde Nación.

Asimismo, el Gobierno tiene en carpeta una reforma del Código Penal para el primer cuatrimestre de 2025, con propuestas para aumentar las penas y extender la cadena perpetua. "Sin un código punitivo, cualquiera roba y sabe que no tiene una consecuencia real", manifiestan en el oficialismo.

Se planea también modificar el sistema penitenciario, abriendo la puerta a la participación privada, y revisar la figura del femicidio, introducida por la Ley 26.791. El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, está a cargo de perfilar estos cambios.