El Gobierno avanzó con la privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de la gestión de las principales autopistas y rutas nacionales. Esta medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, responde a los "magros resultados" obtenidos por la compañía, que a lo largo de 2023 le costó al Estado más de $301.000 millones.

Adorni destacó que la privatización se concretará bajo un modelo de concesión de obra pública por peaje, donde las empresas privadas serán responsables de ejecutar las obras y gestionar los corredores viales a cambio de cobrar el peaje a los usuarios. En palabras del vocero presidencial: "La patria contratista se terminó".

Proceso de privatización y liquidación de la empresa

El anuncio implicará una serie de pasos, encabezados por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que dependerá del Ministerio de Economía. Entre sus tareas estarán la extinción de los contratos vigentes con Corredores Viales, la ejecución de licitaciones para nuevos contratos de concesión y, finalmente, la disolución y liquidación de la empresa una vez que se finalicen los acuerdos.

Actualmente, Corredores Viales gestiona más de 5.900 kilómetros de rutas en 13 provincias, incluidas importantes autovías como las de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. La decisión de privatizar surge luego de que la gestión actual detectara que un 45% de la red vial nacional se encontraba en condiciones deficientes para la circulación vehicular, lo que motivó la crítica a la administración estatal de las autopistas.

Los primeros pasos: licitación de la "ruta del Mercosur"

Uno de los primeros pasos dentro del proceso de privatización será la licitación del Corredor Vial 18, que incluye rutas clave como la 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y tramos en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Este proceso de concesión será el primero bajo la Red Federal de Concesiones, establecida por el decreto 28 de enero de 2025.

El Ejecutivo también se prepara para el segundo proceso, que incluirá más de 8.000 kilómetros de rutas en provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.El Gobierno busca, con este modelo de privatización, reducir la carga financiera sobre el Tesoro Nacional, proyectando un ahorro de hasta 6.100 millones de dólares en los próximos 15 años.