El Gobierno rechazará el recurso de Cristina para evitar perder su jubilación de privilegio
La Casa Rosada anticipa que no dará lugar al pedido de nulidad de la expresidenta y espera que el conflicto sea resuelto en los tribunales.
El Gobierno anunció que rechazará el recurso administrativo presentado por Cristina Kirchner para evitar la suspensión de su jubilación de privilegio. La exvicepresidenta solicitó la restitución de su asignación mensual de $21.000.000 netos, argumentando que la medida tomada por la administración de ANSES vulnera sus derechos constitucionales. Sin embargo, la Casa Rosada ya anticipó que no aceptará el planteo y espera que el conflicto se judicialice, con la expectativa de que el caso se resuelva en el ámbito judicial, particularmente en el Contencioso Administrativo.
La defensa de Cristina Kirchner y la postura del Gobierno
El pedido de nulidad fue presentado por el abogado Facundo Fernández Pastor, quien representa a la presidenta del Partido Justicialista. En su presentación ante ANSES, Fernández Pastor argumentó que la suspensión de los haberes de Kirchner constituye una violación de derechos y garantías constitucionales, ya que la medida no fue notificada en tiempo y forma. Además, solicitó que se le devuelvan las sumas retenidas, con intereses y costas, y se restituya la jubilación en su totalidad.
Sin embargo, desde la Casa Rosada se confirmó que no se dará curso al planteo administrativo, ya que se considera que la medida tomada fue principalmente "discursiva". En Balcarce 50, reconocen que la suspensión de la asignación especial fue un gesto simbólico más que una decisión definitiva. A su vez, esperan que el conflicto llegue a la justicia, donde confían en que la medida será ratificada.
El marco legal y la defensa del Gobierno
El Gobierno, a través de la ANSES, se prepara para defender la decisión judicialmente. La defensa será liderada por el secretario de Legal y Técnica de ANSES, Andrés Mariano Bousquet, quien argumentará que la condena confirmada en la causa Vialidad constituye un "mal desempeño" de sus funciones y justifica la suspensión de los beneficios. Según la interpretación oficial, esta situación se ajusta a lo dispuesto por el artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece que la condena por un delito cometido en funciones puede derivar en la pérdida de beneficios como la jubilación de privilegio.
Además, el Gobierno se respaldará en el artículo 29 de la ley 24.018, que establece que las asignaciones vitalicias no son aplicables a aquellos beneficiarios que hayan sido removidos de sus funciones por "mal desempeño" o tras un juicio político. La administración también sostiene que el uso indebido de los fondos públicos por parte de funcionarios públicos en ejercicio de su cargo debería ser motivo suficiente para suspender tales beneficios, calificando el comportamiento de Kirchner como "indigno" y "atentatorio contra el sistema democrático".
La controversia sobre las asignaciones a expresidentes y funcionarios
El Ejecutivo subrayó que las asignaciones especiales como la jubilación de privilegio son incompatibles con el desempeño de un funcionario que haya incurrido en delitos graves durante su mandato. En este sentido, se citó como precedente la derogación de beneficios otorgados a los expresidentes de facto entre 1976 y 1983, quienes también fueron despojados de estos beneficios por acciones que atentaron contra el Estado y la democracia.