El Gobierno recibirá a la CGT para seguir negociando una ampliación de la reforma laboral

La administración Milei busca contener la ofensiva de los gremios del transporte que acordaron avanzar con una huelga.

El Gobierno ofrecerá este lunes otra señal de la buena sintonía que logró articular en los últimos meses con los sectores más moderados de la cúpula de la CGT.

Así, una semana después de haber reglamentado con un guiño de esos espacios sindicales el capítulo laboral de la Ley Bases y del esfuerzo oficialista por frenar en el Congreso el debate de un proyecto para limitar las cuotas sindicales compulsivas y la reelección indefinida de los sindicalistas, Guillermo Francos y el asesor Santiago Caputo -los artífices principales de la construcción de ese diálogo- recibirán desde las 17 a una delegación de referentes de la conducción cegetista en la Casa Rosada.

La cita tiene un objetivo indisimulable para el Ejecutivo: atemperar el ímpetu confrontativo de los gremios del transporte que, apalancados por el conflicto en Aerolíneas Argentinas, avanzaron con la amenaza de un paro general del sector para el 17 de octubre con el aval de los espacios más duros de la central obrera que se enrolan detrás de Pablo Moyano y los sindicatos alineados con el kirchnerismo.

Intentar contener esa escalada justo en una semana difícil para la gestión de Javier Milei en la previa de una marcha universitaria que se presume masiva constituye un propósito clave para Francos y Caputo con el encuentro, al que la CGT llegará también con el reclamo de nuevas señales de "buena voluntad" de parte de la administración libertaria.

En concreto el grupo de gremialistas que acudirá a la reunión insistirá con el planteo para que se complete la reglamentación de la reforma laboral incorporada en la Ley bases limitando el alcance de las sanciones impuestas a los trabajadores que participen de bloqueos o tomas de establecimientos.

Es que la norma sancionada por el Congreso definió ese tipo de protestas como causal de despido justificado, pero el Gobierno optó por dejar el artículo fuera de la reglamentación ante la falta de acuerdo entre la posición de los sindicalistas que pedían suavizar su aplicación y la presión empresaria por ir a fondo con la medida.

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