El Gobierno reglamentó la primera parte de la Ley Bases: qué puntos entran en vigencia
El Poder Ejecutivo dio un primer paso en la implementación de la Ley Bases con la reglamentación del capítulo de Reforma del Estado, abarcando reorganización administrativa, privatizaciones y modificaciones en el empleo público.
El Gobierno de Javier Milei dio a conocer este lunes la reglamentación inicial de la Ley Bases, marcando el comienzo de una serie de reformas estructurales. El decreto 695, publicado en el Boletín Oficial, sienta las bases para una significativa reorganización administrativa, cambios en el empleo público y una serie de privatizaciones estratégicas.
La normativa, que entra en vigor a partir de hoy, establece un primer bloque de artículos de la ley denominada "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos". La reglamentación, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, abarca el capítulo de Reforma del Estado. Este capítulo introduce una serie de medidas que buscan una gestión pública más ágil y eficiente, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal y asegurando un control interno más riguroso.
Entre los puntos destacados, el decreto habilita la modificación, fusión o eliminación de organismos dependientes del Poder Ejecutivo, con excepciones específicas para entidades clave como el CONICET, el INTA y la Comisión Nacional de Valores (CNV). Asimismo, el anexo del decreto detalla las privatizaciones planificadas, que incluyen empresas como Energía Argentina, AySA y Belgrano Cargas, entre otras.
En cuanto al empleo público, el nuevo esquema reglamentario establece que los empleados afectados por la reestructuración serán puestos en disponibilidad por hasta doce meses. Durante este período, deberán recibir capacitación o desempeñar tareas en servicios tercerizados del Estado. Si al concluir el plazo de disponibilidad no se ha formalizado una nueva relación laboral, los empleados serán desvinculados, aunque tendrán derecho a una indemnización.
La reforma impactará a un universo estimado de 180.000 empleados públicos, incluyendo tanto a los que gozan de estabilidad plena como a aquellos en planta transitoria. Este ajuste forma parte de un esfuerzo más amplio para optimizar el funcionamiento del Estado y reducir el déficit.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, adelantó que en la próxima semana se espera la entrada en vigencia del RIGI, completando así la primera etapa de la implementación de la ley. Este avance se enmarca en un contexto de desregulación y eficiencia administrativa promovido por el actual gobierno.