El Grupo Clarín compró Telefónica por USD 1250 millones, pero el Gobierno busca oponerse a la transacción

El Grupo Clarín, a través de Telecom, adquirió las operaciones argentinas de Telefónica por USD 1250 millones. ENACOM aseguró que supervisará el proceso para garantizar transparencia y evitar monopolios en el sector de telecomunicaciones.

El Grupo Clarín, mediante su subsidiaria Telecom, cerró este martes la compra de las operaciones argentinas de Telefónica por un monto de USD 1250 millones. La transacción fue confirmada por fuentes empresariales desde Madrid, marcando un hito en el mercado de telecomunicaciones del país.

Telefónica, la compañía española, decidió vender su filial argentina como parte de su estrategia para enfocarse en mercados europeos. Este movimiento atrajo el interés de varios grupos inversores internacionales, pero finalmente fue el Grupo Clarín quien se llevó la operación.

El Gobierno advierte sobre riesgos de monopolio

La noticia de la compra no tardó en generar reacciones. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) expresó su preocupación por el posible riesgo de concentración monopólica en el sector. En un comunicado oficial, el organismo aseguró que vigilará de cerca el proceso para garantizar transparencia y libre competencia.

"El sistema vigente de controles evita posiciones oligopólicas y garantiza los derechos ciudadanos a la comunicación, información y libertad de expresión", destacó ENACOM. Además, anunció que trabajará junto a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para evaluar minuciosamente la operación.

¿Qué implica esta adquisición para el mercado?

La compra de Telefónica Argentina por parte del Grupo Clarín podría reconfigurar el panorama de las telecomunicaciones en el país. ENACOM y la CNDC tienen la tarea de asegurar que la operación no afecte la competencia, la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios para los usuarios.

El anuncio oficial del acuerdo está previsto para este martes a las 18 horas (hora argentina), y se espera que genere más debates sobre el futuro del sector. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su postura de supervisión estricta para evitar cualquier práctica que perjudique a los consumidores.

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