El subinterventor Amatti de la Caja Popular denuncia persecución y abusos del Tribunal de Cuentas
Amatti respondió con dureza al nuevo pedido de Juicio de Responsabilidad contra Diaz, solicitado por Miguel Terraf y Sergio Diaz Ricci. Adujo que la acusación es mal intencionada y roza lo ilícito.
Según una auditoría del Tribunal de Cuentas, la Caja Popular mantiene una deuda con el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) por un monto superior a los $3.000 millones por la falta de envío de fondos entre 2020 y 2023. Sin embargo, el subinterventor del ente crediticio negó los resultados de ese supuesto informe, argumentando que la auditoría llevada a cabo por la provincia no reconoció ninguna anormalidad.
"Seguramente esta payasada de juicio de responsabilidad en contra del Dr. José Díaz. Es un capítulo más en la intentona del presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Terraf, para que se desista de la denuncia penal iniciada por el desfalco cometido por su yerno, Esteban González, por una cifra que actualizada rondaría los $200.000.000", sentenció el subinterventor de la Caja Popular, Darío Amatti.
En ese sentido, Amatti explicó que "pese a cumplir la Caja Popular con la presentación de sus Balances y Estados Contables ante la Auditoría General de la provincia, consignando aportes al Siprosa y sin recibir ninguna observación ni objeción, el Tribunal de Cuentas pretende atribuirle una deuda de $3.300.000.000".
Amatti insistió en que "la acusación del Tribunal de Cuentas es mal intencionada y roza lo ilícito, por lo que deberán responder tanto sus autoridades como los funcionarios técnicos que, en connivencia, elaboraron documentos falsos para fundamentar una deuda inexistente sobre una base incorrecta".
Además, el funcionario que secunda a Díaz explicó: "el Siprosa firmó un convenio con la Caja Popular de Ahorros, en el que la CPA se hace cargo de financiar la construcción de un Centro de Atención para Pacientes con TEA, con fondos provenientes de la explotación del juego y que le corresponden al SI.PRO.SA, con la debida intervención del Tribunal de Cuentas".
Cabe recordar que Díaz estuvo al frente de una reciente auditoría del Hipódromo de Tucumán, la cual detectó un faltante cercano a los 200 millones de pesos. Los trabajadores de la Caja Popular de Ahorros que estuvieron implicados recibieron una sanción correspondiente, pero ésta no fue aplicada al familiar de Terraf, ya que en ese entonces era empleado del Tribunal de Cuentas que estaba en comisión de servicio en la CPA.