El senador Bartolomé Abdala está en el centro de un escándalo en San Luis por presuntas irregularidades en la afiliación de miembros al Partido Libertario. 

Diego Balsano, presidente del Partido Libertario en el Departamento de Junín, ha presentado una denuncia contra Abdala, acusándolo de falsificar fichas de afiliación, incluyendo registros de personas fallecidas y de otras que no otorgaron su consentimiento.

Según la denuncia, Abdala habría copiado y pegado un listado de martilleros con firmas falsificadas, un hecho que salió a la luz cuando uno de los afectados presentó una denuncia formal. 

Balsano también señaló que el juez federal Juan Esteban Maqueda, amigo cercano de Abdala, bloqueó el avance de la causa desde 2022.

La disputa por el control del nombre del Partido Libertario en San Luis escaló, con Abdala manteniendo el registro a nivel distrital en la justicia federal, mientras que la justicia provincial no ha adherido. Balsano sugiere que Abdala podría cambiar el nombre del partido a "La Libertad Avanza" para resolver el conflicto, aunque critica la gestión de Abdala por estar plagada de irregularidades, comparándola con situaciones similares en otras provincias.

Además, Balsano denunció recibir amenazas de Abdala tras reafirmar sus acusaciones. El senador también fue criticado por mantener la mayoría de sus asesores en San Luis en lugar de Buenos Aires, lo que generó controversia cuando admitió su intención de mantener una presencia territorial para una futura candidatura a gobernador. 

Abdala cuenta con más de 15 asesores, algunos con contratos de altos sueldos que pueden superar los dos millones de pesos mensuales, lo que ha provocado críticas tanto dentro como fuera de su espacio político.

Villarruel contra los ñoquis

En respuesta a las acusaciones de "ñoquis" (empleados que cobran sin trabajar), la vicepresidenta Victoria Villarruel anunció la implementación de un sistema de registro de huellas dactilares en el Senado para controlar la asistencia de los empleados. Esta medida fue mal recibida por algunos legisladores, quienes argumentan que muchos asesores trabajan desde las provincias y no están en Buenos Aires. Actualmente, se estima que la planta del Senado cuenta con alrededor de 4,400 empleados.