El juez federal Sebastián Casanello resolvió elevar a juicio oral la causa contra Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, junto a más de 15 dirigentes sociales acusados de desviar fondos públicos destinados a asistencia social y extorsionar a beneficiarios del exprograma Potenciar Trabajo. La decisión se tomó tras el pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

La investigación comenzó en diciembre de 2023 a partir de denuncias recibidas por una línea habilitada por el Ministerio de Seguridad, bajo la gestión de Patricia Bullrich. Según la causa, entre junio de 2020 y marzo de 2024 operó una "matriz delictiva" para defraudar al Estado por casi 50 millones de pesos mediante facturas apócrifas y coacción a personas en situación de vulnerabilidad.

Facturas truchas y extorsiones a beneficiarios

El expediente detalla cómo se desviaron fondos públicos destinados a talleres y emprendimientos sociales. La maniobra incluyó la presentación de facturas falsas emitidas por supuestas empresas vinculadas al Polo Obrero, como Rumbos y Coxtex SA, esta última calificada por la AFIP como una "usina de facturas truchas" en 2020.

También se investiga cómo los dirigentes condicionaban el acceso al Potenciar Trabajo a la asistencia a marchas o al pago de "aportes". Se hallaron cuadernos con listas de presentismo, sanciones, y mensajes de WhatsApp que daban cuenta de las extorsiones.

Uno de los testigos declaró: "Tuve que por lo menos ir un año al comedor y asistir a las movilizaciones para poder acceder al plan". Otro agregó que debían pagar un 2% del monto recibido y $1000 cada quince días para recibir raciones de comida.

Quiénes serán juzgados junto a Belliboni

Además de Eduardo Belliboni, enfrentarán juicio oral María Isolda Dotti, Gianna Puppo, Elizabeth Palma, Jeremías Cantero, Iván Candotti, Gustavo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Albornoz, Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia (estas dos últimas de Barrios de Pie).

La Cámara Federal confirmó gran parte de los procesamientos y agravó la situación judicial de los acusados, sumando a la administración fraudulenta los delitos de amenazas coactivas y extorsión. Según el fallo, el dinero terminó regresando a las cuentas de la organización.