La disputa entre Argentina y Bolivia por la instalación de un alambrado en la frontera se intensificó con declaraciones del interventor del municipio salteño de Aguas Blancas, Adrián Zigarán. En una reciente entrevista, Zigarán comparó la medida con el polémico muro fronterizo propuesto por Donald Trump en EE.UU. y no dudó en descalificar las críticas de Bolivia a la iniciativa.

Desde la polémica por el alambrado, que se extiende por 200 metros en la frontera, Zigarán insistió en que Bolivia "brilló por su ausencia" desde diciembre y ahora, tras la instalación del cerco, se mostró indignado con las reacciones del gobierno boliviano. El funcionario salteño aseguró que la construcción del alambrado, que se complementa con un cerrojo en forma de "L", es una medida de control ante el desborde de narcotráfico proveniente de Bolivia.

El impacto del alambrado en la frontera

El proyecto del alambrado forma parte del Plan Güemes, una iniciativa del gobierno de Salta en colaboración con la Nación. Se trata de una medida de seguridad que busca reforzar el control en el cruce fronterizo, especialmente ante el aumento de los precios internos en Bolivia, lo que generó un flujo constante de argentinos cruzando la frontera. La instalación del alambrado es vista como un intento de frenar este tipo de intercambios y, según Zigarán, también para detener el tráfico de drogas.

Tensión diplomática entre Argentina y Bolivia

El gobierno boliviano expresó su preocupación por la medida, señalando que los temas fronterizos "deben ser tratados mediante mecanismos de diálogo bilaterales". A pesar de las tensiones, Zigarán no mostró intención de disminuir la presión y señaló que la medida no solo es una respuesta a la creciente problemática del narcotráfico, sino una forma de proteger la soberanía argentina.

La respuesta de la Cancillería Boliviana

La Cancillería de Bolivia indicó que cualquier acción unilateral podría poner en riesgo la "buena vecindad y la convivencia pacífica" entre los dos países. A pesar de estos llamados al diálogo, el gobierno argentino, apoyado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, defendió la medida como parte de una estrategia más amplia para combatir el narcotráfico y mejorar los controles en un sector fronterizo crítico.