En una investigación interna de la Caja Popular de Ahorros, se detectó un fraude que habría causado un perjuicio económico de $5.654.401.896 a la institución.

El abogado de la Caja, Juan Manuel Bernal, afirmó que aún faltan por analizar más casos, lo que podría elevar el monto de la estafa en un 24%. La causa, identificada como "DIAZ JOSÉ CÉSAR s/ SU DENUNCIA - DAMNIFICADO CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN", radicada en la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N°2, a cargo del fiscal Carlos Saltor, señala la participación de varios empleadores que falsificaron datos en denuncias relacionadas con fallecimientos por Covid-19.

El modus operandi de la estafa a La Caja Popular

El modus operandi de la estafa consistía en la presentación de juicios de amparo para percibir indemnizaciones mediante información falsa, lo que les permitía acceder a fondos públicos de manera fraudulenta.

Las irregularidades detectadas incluyen empleadores que reportaban fechas falsas del último día de trabajo de los fallecidos, así como la alteración de causas de muerte para simular que los decesos estuvieran relacionados con siniestros laborales.

A su vez, las denuncias se presentaban uno o dos años después de los hechos, evitando así que La Caja Popular brindara las prestaciones correspondientes. Uno de los puntos más inquietantes es que todos los casos sospechosos, más de 70, fueron patrocinados por el mismo estudio de abogados: Campero-Sandoval-Pérez Lucena.

Las pericias caligráficas revelaron que los formularios de denuncia fueron completados por la misma persona, y algunos documentos, como formularios de denuncias y estudios de detección de Covid-19, fueron falsificados.

La investigación de la Caja ha permitido constatar que muchas de las firmas en esos documentos eran falsificadas, y los propios firmantes han negado haber participado en esas denuncias.