La intervención federal es una herramienta constitucional que permite al Gobierno nacional asumir el control de una provincia en situaciones excepcionales. Esta medida, prevista en el artículo 6° de la Constitución Argentina, busca garantizar el orden institucional y la estabilidad del país.

Según la Carta Magna, la intervención federal puede aplicarse en tres casos específicos: para garantizar la forma republicana de gobierno, repeler invasiones exteriores o restablecer autoridades legítimas en caso de sedición o invasión de otra provincia.

¿Quién decide la intervención federal?

La decisión de intervenir una provincia no recae únicamente en el Presidente. De acuerdo con el artículo 75, inciso 31 de la Constitución, es el Congreso Nacional quien tiene la facultad de autorizar una intervención. Sin embargo, en situaciones urgentes, el Presidente puede decretarla durante el receso legislativo, aunque luego debe ser aprobada o revocada por el Poder Legislativo.

Este mecanismo de control busca evitar que la intervención federal sea utilizada de manera discrecional o con fines políticos, algo que ha ocurrido en el pasado.

Casos históricos y límites de la intervención federal

A lo largo de la historia argentina, se han registrado más de 170 intervenciones federales entre 1853 y 1976. Algunas de las más recordadas incluyen la intervención a Buenos Aires en 1930, tras el golpe de Estado contra Yrigoyen, y la de Santiago del Estero en 2004, para destituir al gobernador Carlos Juárez por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, la inseguridad no es una causal explícita para justificar una intervención. Para que se aplique por este motivo, el Gobierno nacional debería argumentar que la situación afecta la forma republicana de gobierno o genera un vacío de poder.