El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, tomó una drástica decisión al eliminar la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, en respuesta a la controversia generada por la venta ilegal de tierras fiscales en la Reserva Natural La Angostura. A través de un decreto oficial, Jaldo dispuso la disolución inmediata de esta repartición, así como la suspensión de dos de sus empleados implicados en la causa judicial en curso.

Investigación judicial en curso por irregularidades en la venta de tierras fiscales

La medida se produce en el marco de una investigación judicial que involucra a ex funcionarios provinciales y empleados públicos, tras denuncias de usurpaciones de terrenos del Estado. La venta de tierras en la Reserva Natural La Angostura, un área protegida de la provincia, desató la alarma sobre la posible existencia de irregularidades en el manejo de los bienes fiscales.

Según el decreto, la disolución de la Subsecretaría obedece a las investigaciones realizadas por el Poder Judicial, que han revelado "irregularidades" en la gestión de tierras fiscales. La investigación ha arrojado la implicación de varios funcionarios y empleados públicos, lo que llevó al gobernador a suspender las funciones del organismo encargado de la regularización dominial en la provincia.

Como parte de la reestructuración, el decreto dispone que las funciones que anteriormente correspondían a la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat sean asumidas por la Dirección General de Catastro de la Provincia. De esta manera, el Catastro se encargará de la aplicación de diversas leyes provinciales y nacionales relacionadas con la regularización de tierras, así como del control de la propiedad fiscal.

En paralelo, se ordenó un relevamiento de todas las actuaciones realizadas por la Subsecretaría disuelta, con el objetivo de proporcionar la información necesaria a las autoridades judiciales en el marco de la causa judicial "Castro Juan Pablo s/ usurpación y otros delitos", que investiga las presuntas usurpaciones de tierras fiscales.

En otro frente, Jaldo dispuso la suspensión e inicio de investigaciones administrativas contra dos empleados de la Subsecretaría disuelta, Maximiliano Rodrigo Martín Barreiro y Pablo Rafael Trujillo. Ambos están vinculados directamente a la causa judicial y habrían tenido un papel relevante en las presuntas irregularidades que hoy se investigan.

Según fuentes judiciales, en la causa hay hasta 14 damnificados que han denunciado la venta ilegal de tierras, pero se especula con que este número podría aumentar conforme avance la investigación. Las autoridades esperan que más personas se presenten para denunciar otras irregularidades relacionadas con los terrenos fiscales.