Jubilaciones: la oposición presiona al Gobierno para que pague una deuda
La reciente aprobación en Diputados de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria incluye un punto clave que aumenta la presión sobre el Gobierno para saldar una deuda de US$2500 millones.
A su vez, estas provincias deben aproximadamente US$1800 millones a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), lo que complica aún más la situación.
Según la ley, la ANSES está obligada a pagar a las cajas provinciales no transferidas el monto que correspondería si estos jubilados fueran nacionales. Sin embargo, desde la asunción de la actual administración, estos pagos no se realizaron, lo que llevó a varios gobernadores a presentar demandas judiciales.
La Casa Rosada argumenta que los números están siendo auditados, pero la demora en los pagos generó un nuevo frente de conflicto.
La media sanción de la nueva fórmula jubilatoria en Diputados introduce un elemento de presión adicional para la administración de Javier Milei. Esta fórmula contempla una actualización mensual por la inflación y un aumento del 8% por el IPC de enero, buscando recomponer los haberes jubilatorios.
A pesar de la deuda global estimada en US$2500 millones, las provincias deben al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) alrededor de US$1800 millones. Esto significa que el impacto neto para las arcas nacionales sería de unos US$700 millones. Los especialistas coinciden en que la solución es relativamente sencilla: poner ambas deudas sobre la mesa y llegar a acuerdos, lo cual beneficiaría a todas las partes involucradas. Sin embargo, esto requiere voluntad política.
En marzo, la eliminación por decreto de los giros de la ANSES a las cajas provinciales provocó un nuevo conflicto con los gobernadores. La Casa Rosada había prometido retomar los pagos y saldar la deuda con un bono, pero esto no se concretó.
Entre las 13 provincias afectadas, algunas tienen una mayor deuda con la ANSES que con el FGS, incluyendo Buenos Aires, Misiones, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por ejemplo, Buenos Aires debe unos US$243 millones al FGS, mientras que Tierra del Fuego le debe US$5 millones. En Chubut, un acuerdo preliminar para cancelar la deuda de la ANSES (unos US$8 millones) fue descartado por el Ministerio de Economía, que optó por refinanciar la deuda de la provincia con el FGS.
El ministro Luis Caputo elogió al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, por cancelar una deuda de $23.304.571.315 con Nación, describiéndolo como "un cambio de época". Santa Cruz le debe unos US$2 millones a la ANSES. Misiones, por su parte, adeuda alrededor de US$5 millones al FGS, y la Casa Rosada ha intensificado las negociaciones con el gobernador Hugo Passalacqua para asegurar el apoyo de sus senadores a la Ley de Bases.
Los diputados aprobaron que las deudas con las cajas no transferidas sean solventadas con la asignación específica que destinan a la ANSES impuestos como el cheque, PAIS e IVA. La mayor acreedora es Córdoba, con una demanda en la Corte Suprema por unos US$300 millones, mientras que debe al FGS unos US$38 millones. Santa Fe, sin deuda con el FGS, es acreedora de cerca de US$290 millones.
La situación en otras provincias incluye: Entre Ríos, con una deuda de US$170 millones y una demanda en la Justicia, mientras adeuda unos US$7 millones al FGS; Corrientes, con US$138 millones por cobrar y una deuda de US$3 millones; Neuquén, con US$130 millones por cobrar y una deuda de US$3 millones; Chaco, con US$88 millones por cobrar y una deuda de US$14 millones; y Formosa y La Pampa, sin deuda con el FGS, pero con US$74 millones y US$43 millones por cobrar, respectivamente.