El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Javier Alonso, tomó medidas drásticas contra 18 policías que abandonaron sus funciones en los distritos de Ituzaingó y Tres de Febrero, en el conurbano bonaerense, para realizar un reclamo salarial. Estos agentes fueron despedidos y denunciados penalmente por el delito de sedición, una acusación grave que les podría traer consecuencias judiciales importantes.

En el marco de la normativa constitucional, las fuerzas de seguridad no tienen permitido llevar adelante reclamos salariales ni abandonar sus tareas. A pesar de que hace pocos días se anunciaba un aumento salarial del 9% para los trabajadores estatales, el reclamo de estos policías continúa. El incremento había sido pactado en una paritaria entre el gobierno de Kicillof y los gremios, con una mejora del 7% en febrero y un 2% adicional en marzo.

Voceros del Ministerio de Seguridad confirmaron a Infobae:  "Los echamos de la fuerza y denunciamos penalmente por incumplimiento de sus funciones. Están en graves problemas y va a suceder lo mismo con cada uno que haga o convoque una sublevación". Además, destacaron que los policías en cuestión actuaron en contra de la Constitución y de las normativas internas de la fuerza.

El reciente incremento salarial también incluye mejoras en la compensación por uniforme y en el servicio adicional para los agentes que trabajan en sus francos de servicio. A pesar de estas mejoras, algunos sectores dentro de la fuerza, especialmente a través de redes sociales, siguen organizando protestas para exigir condiciones laborales más favorables, como un aumento salarial del 100% o mejoras en la prestación de servicios de salud.

El aumento salarial anunciado por Kicillof es superior al del gobierno nacional, que otorgó un incremento del 5% a las fuerzas de seguridad federales, como la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. 

Cabe recordar que, durante la pandemia, en 2020, se registró un fuerte pico de protestas dentro de la Policía Bonaerense, cuando más de 1.200 efectivos se sumaron a una revuelta que incluso llegó hasta las puertas de la residencia del gobernador Kicillof en La Plata. Como resultado de esos hechos, fueron despedidos los 1.200 policías involucrados.