La Caja Popular pidió ser querellante en un caso penal contra la entidad

El interventor de la Caja Popular de Ahorros, José César Díaz, presentó un escrito ante la Fiscalía de Decisión Temprana de la Justicia de Tucumán para solicitar ser el querellante en la causa por presuntas irregularidades en juicios contra la entidad.

El planteo está dirigido a los profesionales de un estudio jurídico registrado por ante el Colegio de Abogados, Julio José Campero, Héctor Luis Sandoval y Mariana Pérez Lucena.

"Los delitos que se persiguen con esta acción son de defraudación agravada, en concurso real, con el delito de falsificación de instrumento público y privado y/o el tipo penal que resulte de la investigación penal a practicarse en autos", consigna el escrito.

Según Díaz, en la institución con sede en San Martín 469 se detectó la realización de maniobras ilícitas perpetradas "con la finalidad de percibir el pago de siniestros de ley de riesgos del trabajo a los que no tenían derecho". "Sumado a ello, pretenden percibir diferencias que no han sido dispuestas por el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán", advirtió el interventor de La Caja.

Díaz describió luego la "continuación de la comisión del delito", dado que "todos los procesos son iniciados por ante el Juzgado del Trabajo de la XI Nominación, por medio de la vía procesal del amparo".

Aseveró que, de esta manera, se interpusieron medidas cautelares por doce siniestros, y en ese despacho de los tribunales se libraron órdenes de embargo sobre la CPA. Dichas disposiciones, agregó el interventor, no fueron aplicadas "sin que la contestación de la demanda fuera provista".

"Esto nos lleva a presuponer que existe una relación -o quizás connivencia- (...) entre los denunciados y el juzgado que forma parte de la maniobra al ordenar embargos preventivos que no son procedentes", remarcó Díaz. Además, ofreció prueba instrumental y solicitó su incorporación al expediente S0 884797/2022.

En ese marco, detalló que se recibieron en la ART "reclamos por siniestros", y "todos provendrían de un mismo estudio jurídico" con una serie de "irregularidades", que incluyen "hisopados falsos" y casos en los que "los empleadores (...) declaran que el trabajador no había estado (en funciones) en la fecha del contagio". Remarcó luego que "todos los siniestros, objeto de la presente denuncia, corresponderían a un solo estudio jurídico: Sandoval & Campero".

El legislador y dirigente bancario, Eduardo Bourlé, denunció maniobras para perjudicar a la principal aseguradora financiera de los tucumanos. "Una pyme de algunos pícaros y parte de la Justicia", lamentó.

Por este tema, el legislador tucumano, Eduardo Bourlé, se expresó este sábado, a través de un comunicado. Explicó que el estudio jurídico en cuestión se encuentra denunciado por defraudación agravada y falsificación. "El estudio jurídico denunciado promovió decenas de demandas contra la Caja Popular de Ahorros para cobrar indemnizaciones indebidas de la ART. Para esto adulteraron los hechos y hasta falsificaron test de PCR", denunció.

"Esta jueza, con una velocidad inédita, trabó doce embargos express en contra de la Caja Popular de Ahorros y en muchos casos sin siquiera estar notificada de la demanda la Institución", denunció el legislador. "Esta jueza desfinancia a la Caja Popular de Ahorros solo para resguardar los bolsillos de particulares que dolosamente manipularon las leyes para quedarse con dinero del Estado", agregó.

Comunicado completo

"Juicios contra la Caja Popular de Ahorros: una pyme de algunos pícaros y parte de la Justicia"

Mientras algunos jueces protegen los intereses de EDET desoyendo los reclamos de los tucumanos, otros benefician a un estudio jurídico denunciado por DEFRAUDACIÓN AGRAVADA Y FALSIFICACIÓN para perjudicar a la Caja Popular de Ahorros.

El estudio jurídico denunciado promovió decenas de demandas contra la Caja Popular de Ahorros para cobrar indemnizaciones indebidas de la ART.

Para esto ADULTERARON LOS HECHOS Y HASTA FALSIFICARON TEST DE PCR.

Desde el año 2020 hasta la fecha ARMARON 160 DENUNCIAS IRREGULARES.

Llamativamente, casi siempre sale "sorteado" para entender en estas causas armadas el Juzgado de Trabajo XI a cargo de la Dra. SANDRA ALICIA GONZALEZ.

Esta jueza, con una velocidad inédita, trabó doce embargos express en contra de la Caja Popular de Ahorros y en muchos casos sin siquiera estar notificada de la demanda la Institución.

Esta jueza beneficia a un estudio denunciado por defraudación agravada y falsificación solo para perjudicar a la aseguradora de los trabajadores del estado y a los trabajadores con casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales.

Esta jueza prescinde de los hechos y del derecho aplicable, no pondera el interés público ni la sustentabilidad del sistema solo para beneficiar a particulares denunciados por defraudación y falsificación.

Esta jueza desfinancia a la Caja Popular de Ahorros solo para resguardar los bolsillos de particulares que dolosamente manipularon las leyes para quedarse con dinero del Estado.

En otros juzgados no se da esta situación sospechosa e irregular, solo en el juzgado de la Dra. SANDRA ALICIA GONZALEZ.

Los tucumanos y sus Instituciones, en este caso la Caja Popular de Ahorros, se encuentran desamparados ante el proceder de estos jueces que ignoran sus reclamos, bajo la premisa de defender a los poderosos. El caso EDET es otra muestra de esto.

Como representante del pueblo, exhorto al resto de mis pares a adoptar las medidas constitucionales que correspondan a los efectos de que aquellos miembros del Poder Judicial que miran a un costado, honren el cargo para el que fueron designados y se ocupen de aplicar la ley para solucionar los problemas de los tucumanos y resguardar a sus Instituciones.