La Procuraduría General de la República (PGR) presentó la denuncia que involucra a Bolsonaro y a otros siete ex funcionarios de su gobierno. Los acusados enfrentan cargos por intentar derrocar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva tras su asunción. Entre los acusados se encuentran figuras clave como el ex jefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), Alexandre Ramagem, y el ex ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, entre otros. Se les imputa la intención de organizar una ruptura institucional para evitar la transición de poder.

La PGR acusa a los involucrados de intentar instaurar un estado de excepción con respaldo militar y discuten incluso la posibilidad de atentar contra Lula y otros altos funcionarios. Las acusaciones incluyen delitos como la tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho y pertenencia a una organización criminal armada.

La defensa de Bolsonaro y sus declaraciones

Las defensas de los acusados niegan cualquier conspiración para llevar a cabo un golpe de Estado, y algunos cuestionan la participación del juez Alexandre de Moraes en el caso, quien forma parte del tribunal que decidirá si el proceso sigue adelante. Bolsonaro, por su parte, ha afirmado en diversas ocasiones ser víctima de una "persecución política". Además, ha expresado temores por su vida en caso de ser encarcelado, asegurando que teme por su seguridad si es enviado a prisión.

A pesar de las tensiones y los debates sobre su futuro, Bolsonaro ha insistido en su inocencia y mantiene su ambición de participar en las elecciones presidenciales de 2026. En paralelo, la controversia sobre su involucramiento en los hechos del 8 de enero sigue generando divisiones en el ámbito político y judicial brasileño.

La decisión de la Corte Suprema sobre si Bolsonaro enfrentará juicio por los disturbios que sacudieron Brasil en 2023 se tomará en los próximos días, y será un hito crucial en el desenlace de este polémico caso político.