El senador entrerriano Edgardo Kueider no logró que la Justicia interviniera a su favor para reincorporarse al Senado. El juez en lo contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico, desestimó de manera tajante el amparo presentado por el legislador, quien había apelado a la presunta inconstitucionalidad de la sesión en la que fue expulsado. Kueider había sido detenido en la frontera con Paraguay con una importante suma de dinero sin declarar, lo que derivó en su expulsión de la Cámara Alta.

El argumento de Kueider para recuperar su banca

Kueider intentó argumentar que la sesión en la que se trató su expulsión fue inválida, ya que, según su interpretación, no debería haberse realizado bajo la presidencia de la entonces Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Sostuvo que, en ese momento, la Vicepresidenta había asumido funciones presidenciales debido al viaje oficial del presidente a Italia. Por esta razón, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de la sesión y que se suspendieran los efectos de su expulsión de forma inmediata.

La respuesta de la Justicia y su fundamento

El fallo del juez Lavié Pico desechó el planteo de Kueider, señalando que permitir su amparo sería un desconocimiento de la voluntad expresada por los representantes del pueblo en el Senado, lo que podría comprometer el funcionamiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Además, el magistrado recordó que la remoción de un senador es competencia exclusiva de la Cámara Alta, conforme lo establece la Constitución Nacional.

El juez subrayó que la decisión tomada por el Senado, basada en la "inhabilidad moral" de Kueider tras los hechos ocurridos en Paraguay, no puede ser revisada por el Poder Judicial. En este sentido, citó un fallo de la Corte Suprema que reafirma la independencia de los tres poderes del Estado y su capacidad para interpretar y aplicar la Constitución en el ejercicio de sus facultades.

La Constitución como límite a la intervención judicial

El magistrado resaltó la doctrina de la Corte Suprema, que sostiene que cada poder del Estado tiene la facultad de aplicar e interpretar la Constitución en el marco de sus competencias, sin que esto implique una intervención de otro poder. De esta manera, el amparo presentado por Kueider quedó sin efecto, reafirmando el principio de separación de poderes y autonomía de la Cámara de Senadores.