La Justicia eleva a juicio a Eduardo Belliboni: lo acusan de lavado de dinero y administración fraudulenta
El líder del Polo Obrero enfrenta cargos por presunta defraudación al Estado y blanqueo de fondos a través de empresas fantasma. La Unidad de Información Financiera (UIF) apunta a la imprenta Rumbos como eje de la maniobra.
El juez federal Sebastián Casanello avanza con la elevación a juicio del caso contra Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, junto a otros dirigentes de su organización. Las acusaciones incluyen administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y lavado de dinero, según los informes de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La causa, que también involucra amenazas y extorsiones a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, se encuentra en etapa final. La UIF sostiene que la imprenta Rumbos fue utilizada como mecanismo de blanqueo de fondos ilícitos.
Las acusaciones y el desvío de fondos
La Justicia señala que la Asociación Civil Polo Obrero y El Resplandor Limitado habrían desviado más de 361 millones de pesos del programa social hacia empresas que emitían facturas falsas para justificar gastos inexistentes. Estas maniobras, según la UIF, buscaban financiar al Partido Obrero y ocultar el destino real del dinero.
Entre las empresas implicadas destacan:
Contex: $5.144.418Ediciones e Impresiones: $31.000.000Miniso Trade: $3.060.003Urban Graphics: $5.180.019Ricoprint SRL: $2.769.378La UIF afirmó que algunas empresas endosaron cheques a la imprenta Rumbos, consolidando un esquema de lavado de dinero.
Estructura fraudulenta detrás de las empresas fantasma
La investigación revela que firmas como Coxtex no tenían sede ni actividad comercial real. Coxtex, que emitió facturas al Polo Obrero por $5.459.418, es catalogada por la AFIP como una "usina de facturas apócrifas".
Además, se descubrió que su constitución fue facilitada por un grupo liderado por Leandro Kebleris, conocido por crear empresas fantasmas. Este grupo estaría vinculado a maniobras de blanqueo y evasión fiscal, con conexiones en organismos públicos como la AFIP.
La defensa de Belliboni
En declaraciones a la prensa, Belliboni negó las acusaciones y afirmó:"Nosotros tenemos un certificado de la AFIP de 2022 que decía que Coxtex era una empresa legal. Las computadoras se compraron, certificadas ante escribano. La AFIP ahora dice que Coxtex es falsa, pero cuando hicimos la compra no lo era."
El fiscal Gerardo Pollicita y la Oficina Anticorrupción (OA) deberán emitir su opinión sobre la elevación a juicio en los próximos días. Se espera que el proceso avance a juicio oral entre finales de diciembre y febrero de 2025.
La Justicia también buscará esclarecer cómo se estructuró la conexión entre el Polo Obrero y las empresas involucradas, lo que podría sumar nuevos elementos a la causa.
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