La Justicia rechazó el intento del Gobierno de auditar a la Universidad de Buenos Aires (UBA) a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). El juez Santiago Carrillo, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, resolvió desestimar el pedido de este organismo que solicitaba iniciar un proceso de auditorías externas en la UBA, argumentando que existen mecanismos establecidos para llevar a cabo el control sin necesidad de intervención de la SIGEN.

El fallo de Carrillo se basa en las argumentaciones presentadas por la UBA, que señaló que no existe una normativa que habilite a la SIGEN a realizar auditorías en universidades nacionales. El magistrado también destacó que la Universidad  con la presentación de la documentación requerida por la Contaduría General de la Nación y que los informes de auditoría están disponibles tanto en el sitio web de la UBA como en el de la Auditoría General de la Nación (AGN), cubriendo auditorías de los años 2023, 2013, 2009, 2008, 2006 y de auditorías internas entre 2015 y 2024.

"Considerando que la UBA ha explicado las características de su sistema de gestión de documentos, no surge ningún elemento que permita afirmar la existencia de un peligro cierto de que la documentación de respaldo requerida por la SIGEN se extravíe o se altere", explicó el juez en su resolución.

Autonomía universitaria y control institucional

El juez Carrillo también abordó el principio de la autonomía universitaria, que fue reforzado por la reforma constitucional de 1994. En este sentido, destacó que la Ley de Educación Superior (24.521) otorga a las universidades nacionales un estatus jurídico especial, restringiendo la intervención del Poder Ejecutivo Nacional en su funcionamiento institucional. Según el fallo, la supervisión de las universidades corresponde al Poder Legislativo y al Judicial, no al Ejecutivo.

La UBA había argumentado previamente que, aunque cumple con las leyes nacionales, la SIGEN no tiene competencia para ejercer el control interno de la universidad, que solo se aplica a las entidades del Poder Ejecutivo y los organismos descentralizados.