El juez federal Mariano Iturralde hizo lugar parcialmente a un habeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación y suspendió los efectos de la Resolución 372/2025, mediante la cual el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich prohibía el funcionamiento de centros de estudiantes en cárceles federales.

La medida alcanza a los Centros Universitarios de Devoto (CUD) y de Ezeiza (CUE), y ordena que las personas privadas de libertad que cursan estudios puedan permanecer en esos espacios "el tiempo que resulte necesario para el estudio autónomo y demás actividades extracurriculares propias de su formación académica", hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.

Garantías para continuar estudiando

El magistrado remarcó que los centros educativos dentro de las cárceles son ámbitos "propicios y adecuados" para que los estudiantes puedan desarrollar su formación más allá del dictado formal de clases. "La práctica de la educación superior y su desarrollo exitoso excede, obviamente, el momento del dictado de clases", subrayó.

Además, advirtió que de no dictarse una medida urgente, se podría afectar "de manera irreparable" el derecho a estudiar de los internos: "Actualmente se encuentra en pleno desarrollo el dictado de clases de varias materias a las que asisten los estudiantes privados de su libertad, a quienes corresponde asegurar que las condiciones en las que cursan sus estudios no se vean alteradas de manera tan drástica".

También consideró que una "prohibición absoluta" de que los estudiantes permanezcan en los centros universitarios atentaría contra su proceso de aprendizaje, ya que limitaría el acceso al estudio autónomo y a actividades fundamentales para garantizar una educación plena e igualitaria.

Qué planteaba la resolución de Bullrich

La Resolución 372/2025, publicada el 25 de marzo en el Boletín Oficial, prohíbe el funcionamiento de centros de estudiantes en cárceles federales y establece que los internos solo pueden permanecer en los espacios educativos durante el horario de clases asignado.

Según el Ministerio de Seguridad, algunos internos permanecían en estos centros durante toda la jornada bajo el pretexto de representar a estudiantes, lo que interfería con sus tareas obligatorias de reinserción como el trabajo, la higiene y el mantenimiento de los espacios comunes.

La cartera que conduce Bullrich argumentó que la educación es una actividad voluntaria, mientras que el trabajo penitenciario y la convivencia son aspectos obligatorios del tratamiento, tal como lo establece la Ley N° 24.660 sobre ejecución de penas. La resolución busca -según se justificó- evitar que el sistema educativo sea usado para eludir las normas del régimen penitenciario.