La Policía de Brasil presentó este jueves cargos formales contra el expresidente Jair Bolsonaro por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. La acusación surge después de casi dos años de investigaciones en las que se determinó que Bolsonaro participó activamente en una trama golpista que buscaba impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, e incluso planeaba asesinarlo.

El informe, que consta de más de 700 páginas, será entregado al Supremo Tribunal Federal (STF), donde será revisado por el juez Alexandre de Moraes y la Procuraduría General de la República (PGR) antes de pasar a la Fiscalía General del Estado para determinar los cargos definitivos. Además de Bolsonaro, se acusa de intento de golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho a otros altos funcionarios de su gobierno, incluyendo al ex ministro de Defensa, Braga Netto, y a Augusto Heleno, del Gabinete de Seguridad Nacional, así como a 32 personas más.

Según la Policía Federal, las pruebas recabadas incluyen registros telefónicos, bancarios y fiscales, además de testimonios obtenidos mediante colaboración premiada. Estas evidencias demostraron que Bolsonaro y otros miembros de su gobierno discutieron en varias ocasiones la posibilidad de un golpe para evitar la toma de posesión de Lula. Además, se mencionó la formación de un "comité de crisis" con militares para llevar a cabo el plan, que incluso contemplaba el asesinato de Lula y el vicepresidente Geraldo Alckmin.

El plan, sin embargo, no se concretó debido a la falta de apoyo de los altos mandos militares. El comandante del Ejército, Marco Antonio Freire Gomes, y el brigadier Carlos de Almeida Baptista Jr., testificaron contra Bolsonaro, señalando que incluso intervinieron para frenar los intentos golpistas del expresidente.

A pesar de las acusaciones, Bolsonaro insistió en su inocencia, calificando las acusaciones como infundadas. El político ultraderechista afirmó que sus declaraciones sobre un posible golpe no constituyen un crimen y que serán debatidas según la Constitución.

En paralelo, un grupo de legisladores aliados a Bolsonaro está impulsando una propuesta de amnistía en el Congreso para exonerar al expresidente y a otros involucrados en los incidentes del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro asaltaron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial. Las investigaciones sobre este episodio continúan.