En una movida decisiva, el presidente de la Nación, Javier Milei, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza al Gobierno a avanzar con las negociaciones para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según fuentes oficiales, este acuerdo se enmarcará en un Programa de Facilidades Extendidas (PEF), con un plazo de pago de intereses de hasta 10 años y un período de gracia de 4 años y medio. La decisión fue confirmada a Ámbito y será publicada en el Boletín Oficial en las próximas horas, marcando el inicio de la última etapa de este proceso de negociación con el FMI.

El acuerdo no solo contempla la participación del FMI, sino que se complementa con fondos adicionales de otras entidades financieras internacionales. Se espera que el Banco Mundial aporte unos 6.000 millones de dólares y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alrededor de 4.000 millones, alcanzando un total cercano a los 20.000 millones de dólares. Estos fondos serán destinados principalmente para el pago de deudas del Tesoro Nacional, del Banco Central y del propio FMI, lo que contribuirá a mejorar el balance del Banco Central y a consolidar la estabilidad macroeconómica del país.

Los detalles del acuerdo con el FMI

El acuerdo entre Argentina y el FMI incluirá un plan de amortización de hasta 10 años, con un período de gracia de 4 años y 6 meses, según el texto del DNU al que accedió Ámbito. Los fondos estarán destinados a la cancelación de las "letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central" y las "operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022".

El Gobierno subrayó que los fondos recibidos no se destinarán a otros fines, sino exclusivamente a la cancelación de deudas, y también remarcó que esta operación no compromete su política económica de déficit cero. Además, se acordó que los pagos de intereses y los cargos seguirán las tasas preestablecidas por el FMI, y el reembolso del capital se llevará a cabo según los plazos establecidos.

Polémica por el uso del DNU

A pesar de que el Gobierno defiende el uso del DNU, asegurando que esta acción es una medida urgente y necesaria, la oposición cuestionó duramente la decisión. La principal crítica apunta a que, según la Constitución Nacional, cualquier acuerdo de endeudamiento con organismos internacionales debe ser aprobado por el Congreso, no por un Decreto de Necesidad y Urgencia. En este sentido, los diputados nacionales de Unión por la Patria (UP) presentaron una denuncia penal contra Javier Milei, argumentando que el DNU viola varios artículos de la Constitución y que el Gobierno está usurpando funciones exclusivas del Poder Legislativo.

La denuncia, que fue firmada por legisladores como Juan Marino, Hugo Yasky y Victoria Tolosa Paz, señala que la firma del DNU constituye un abuso de autoridad y una violación de los deberes del presidente como funcionario público. La presentación también menciona que el DNU de Milei contraviene los artículos 75 (incisos 4°, 7° y 22°) y 76 de la Constitución, que exigen que el Congreso apruebe los acuerdos de endeudamiento con organismos internacionales.