Mediante el decreto 274/2025, el presidente Javier Milei dispuso que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de intervenir como querellante en causas de corrupción y lavado de activos. Según el texto firmado también por Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la decisión busca evitar la superposición de funciones con el Ministerio Público Fiscal y reducir el uso de recursos humanos y económicos.

El Gobierno argumentó que el esquema actual genera duplicaciones y puede derivar en contradicciones dentro del proceso judicial. "Resulta necesario reducir la superposición de funciones entre los entes, garantizar una mayor coordinación y promover una gestión más ágil y centralizada", se lee en el decreto.

Argumentos del Ejecutivo y recomendaciones del GAFI

En el texto oficial se destaca que los delitos como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva constituyen fenómenos complejos y cambiantes, que requieren un sistema coordinado y eficiente. En ese sentido, se citan recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que aconsejan a los países miembros evitar prácticas que puedan comprometer la autonomía operativa de sus unidades de inteligencia financiera.

De hecho, se menciona que Argentina debe reconsiderar la intervención de la UIF como parte querellante, ya que esa participación podría afectar su independencia y comprometer su rol técnico.

Qué funciones conservará la UIF

Pese a la medida, la UIF continuará colaborando con el Ministerio Público Fiscal y la Justicia. Tendrá competencia para poner a disposición elementos de convicción, asistir en la persecución penal de los delitos financieros y regular las obligaciones de los sujetos obligados en base a un enfoque de riesgo eficiente.

Desde el Ejecutivo sostienen que esta modificación busca alcanzar "la máxima eficacia y eficiencia en la gestión técnica de los medios del Estado Nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos".

Con esta medida, el Gobierno profundiza su plan de reorganización del aparato estatal, en línea con su discurso de ajuste y simplificación de funciones.