Millonaria multa a una panadería por explotación infantil a un menor de 11 años

La Justicia de Concepción emitió una sentencia histórica que condena a los propietarios de una panadería en Aguilares por la explotación laboral de un niño de 11 años. Este menor no solo fue empleado ilegalmente, sino que sufrió un grave accidente laboral, lo que ha llevado a los dueños a enfrentar una multa millonaria superior a 2,6 millones de pesos.

El fallo del juez Tomás Ramón Vicente Alba, del fuero laboral del Centro Judicial Concepción, destaca la importancia de proteger los derechos de la niñez y erradicar la explotación infantil en el país. Además de la indemnización, la sentencia establece medidas preventivas para asegurar que los responsables no vuelvan a incurrir en prácticas abusivas.

Según informó La Gaceta, el caso se remonta a diciembre de 2014, cuando el niño comenzó a trabajar como ayudante de panadero a tiempo completo, operando maquinaria industrial. En julio de 2015, mientras manejaba una armadora de masa, sufrió un accidente que resultó en la amputación de dos dedos de su mano derecha. Ante la falta de respuestas por parte de sus empleadores, la madre del menor inició una demanda por accidente laboral y explotación infantil.

El juez Alba condenó enérgicamente las acciones de los empleadores, subrayando que la explotación infantil perpetúa la pobreza y priva a los niños de su derecho a la educación y a disfrutar de su niñez. En su fallo, afirmó que "el trabajo infantil interfiere en el proceso de aprendizaje del menor, obligándole en muchos casos a abandonar la escuela, lo cual potencia aún más el estado de pobreza y vulnerabilidad social".

Además de la indemnización, la sentencia incluye medidas concretas para prevenir futuros casos de explotación infantil. Los dueños de la panadería deberán asistir a un curso obligatorio de 30 horas sobre los derechos fundamentales de la niñez y la protección integral de niños y adolescentes. Este curso será impartido por organismos públicos y busca concienciar a los condenados sobre el impacto de sus acciones.

Asimismo, se ordenó la intervención de la Secretaría de Estado de Trabajo de Tucumán y del Ministerio de Trabajo de la Nación, quienes llevarán a cabo inspecciones periódicas en los domicilios de los demandados durante un periodo de tres años. Estas inspecciones podrán incluir allanamientos si se considera necesario.

El magistrado también hizo hincapié en la responsabilidad del Estado de cumplir con los compromisos internacionales para erradicar el trabajo infantil. Citó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que protege a los niños contra la explotación económica y social.

"Ante la grave conducta observada por los accionados, al haber violado elementales derechos humanos de un niño menor de edad, aprovechándose del trabajo desempeñad por el mismo con fines económicos, al haberlo incorporado en una actividad productiva riesgosa sin importar en absoluto que se trataba de un niño, en abierta violación de normas legales y convencionales, corresponde en este lugar adoptar medidas enderezadas a contribuir a la erradicación de la explotación laboral infantil, a tono con las exhortaciones emanadas de organismos nacionales e internacionales específicos en materia de protección de niñez y adolescencia", dijo el juez.