Motosierra al ambiente: Milei ejecutó solo el 22% del presupuesto para el manejo del fuego
Mientras los incendios arrasan con más de 170 mil hectáreas en el país, el Gobierno redujo drásticamente los fondos destinados a la prevención y control del fuego.
El fuego ya consumió más de 100 mil hectáreas en Corrientes y otras 70 mil en Chubut, Río Negro y Neuquén, mientras el Gobierno de Javier Milei ejecutó solo el 22% del presupuesto destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
Según datos oficiales, al finalizar 2024 solo se habían utilizado $7.338 millones de los $33.343 millones asignados, lo que representa un recorte del 72% en términos reales respecto a 2023. Además, en enero se produjeron despidos en Parques Nacionales y los brigadistas que luchan contra las llamas están precarizados con contratos trimestrales.
Negacionismo y desfinanciamiento ambiental
El gasto en política ambiental representa apenas el 0,08% del presupuesto nacional, evidenciando la baja prioridad que el Gobierno le otorga a la gestión ecológica. Además, el 95% de los incendios forestales en Argentina son causados por acción humana, ya sea por negligencia o con fines económicos vinculados a la expansión inmobiliaria, agroindustrial o minera.
En línea con el discurso negacionista del cambio climático que sostiene la ultraderecha, Milei trasladó la gestión del SNMF al Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich. Actualmente, solo se ejecutó el 5,7% del presupuesto 2025, mientras las comunidades locales enfrentan las llamas con recursos insuficientes.
Brigadistas en la primera línea sin estabilidad laboral
Los recortes también afectaron a la Administración de Parques Nacionales, que sufrió una reducción nominal de su presupuesto para 2024. Los brigadistas denuncian despidos y condiciones laborales precarias, sin garantía de continuidad más allá de abril.
Ante la falta de respuesta del Gobierno, desde el Frente de Izquierda se presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Nacional por Incendios en la Patagonia. Sin embargo, su tratamiento depende de la presión social para exigir medidas urgentes y evitar que el país siga perdiendo miles de hectáreas de bosques nativos.