Luego del rechazo del Senado a los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, el juez federal Alejo Ramos Padilla notificó este viernes al presidente Javier Milei, a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sobre la situación judicial de ambos.

En el caso de García-Mansilla, Ramos Padilla le prohibió firmar fallos o tomar decisiones administrativas en la Corte Suprema durante tres meses, lo que deja en jaque su continuidad en el máximo tribunal. Aunque el Gobierno busca sostener su designación, en el ámbito judicial no descartan su renuncia, especialmente tras las críticas del juez Ricardo Lorenzetti.

Crecen las presiones para su renuncia

Diversos sectores han pedido que García-Mansilla abandone su cargo. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal afirmó que la decisión del Senado debe ser acatada, mientras que profesores y juristas de todo el país exigieron su cese inmediato, señalando que su continuidad es inconstitucional.

El jueves, tras la resolución del Senado, Ramos Padilla advirtió que cualquier acto firmado por García-Mansilla podría ser declarado inválido, afectando la seguridad jurídica del país. El magistrado también desestimó los argumentos del juez en cuestión, quien alegó que solo podía ser removido mediante juicio político.

Con el rechazo del Senado, el fallo judicial y las críticas internas en la Corte, García-Mansilla evalúa su futuro mientras el Gobierno define su estrategia para sostenerlo en el cargo.