Ordenan el desalojo de un edificio de la Universidad Madres de Plaza de Mayo

La jueza María Servini dispuso el desalojo tras comprobarse que el inmueble era usado irregularmente. Vivía una familia y funcionaba una bailanta.

La jueza federal María Romilda Servini ordenó el desalojo inmediato de un edificio ubicado en Avenida Rivadavia 2749/89 y Avenida Pueyrredón 19, en el barrio porteño de Balvanera. El inmueble, cedido en 2018 al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos "Madres de Plaza de Mayo", estaba siendo ocupado irregularmente por familias y organizaciones sin relación con su función original.

La decisión se tomó a pedido del Ministerio de Justicia, luego de que se comprobara que el lugar había sido desviado de su uso público. Durante un allanamiento realizado hace tres meses, se encontraron viviendas clandestinas, una bailanta, un gallinero en el balcón y un "búnker político" con propaganda del partido MILES, liderado por Luis D'Elía.

Detalles del allanamiento y ocupación irregular

El operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) reveló que el edificio, que también albergó "Radio Rebelde" y oficinas de Luis D'Elía, había sido transformado en un espacio de uso privado y político. Entre las irregularidades detectadas se destacan la presencia de una familia viviendo en el tercer piso y la instalación de una bailanta con barra de bebidas alcohólicas.

La jueza Servini ordenó el desalojo de José Moisés Vázquez, su esposa Alicia Esther Vázquez y su grupo familiar, compuesto por Miriam Sánchez, Alain Marcovich Alvarez, Priscila Marcovich y Ornella Marcovich Alvarez. El inmueble deberá ser restituido al Ministerio de Justicia de la Nación.

Reacción del Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, presentaron la denuncia que llevó al desalojo. Ambos señalaron que el edificio había perdido su función pública y se había convertido en un espacio de uso privado y político, violando los términos de su cesión.

La medida judicial busca recuperar el inmueble para su uso original y evitar que continúe siendo utilizado de manera irregular.

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