El Gobierno nacional comenzó un proceso clave para la privatización de las rutas del país. Este miércoles, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 28/2025, que establece el marco para licitar el corredor vial conocido como la ruta del Mercosur. Esta ruta, que tiene un impacto significativo en el comercio internacional, cuenta con una extensión de más de 600 kilómetros y conecta a la Argentina con Brasil y Uruguay.

El objetivo de esta iniciativa, según el decreto, es reducir el gasto público, delegando en el sector privado la conservación y mantenimiento de los tramos viales que actualmente están bajo la gestión de la Dirección Nacional de Vialidad. Esta medida es parte de una estrategia más amplia que apunta a privatizar un total de 8.470 kilómetros de rutas nacionales que hoy están bajo control estatal.

Las rutas estratégicas que serán privatizadas

El primer paso en este proceso de privatización es la licitación de los tramos del corredor 18, que abarca algunas de las rutas más relevantes del país. Las rutas que entrarán en el proceso de licitación son la RN 12, la RN 14, la RN 135, la RN A-015, la RN 117 y la RN 174, todas de vital importancia para la región del Litoral y las conexiones con los países vecinos.

Entre las rutas a privatizar, se incluye la RN 12, que conecta Zárate con Ceibas, y la RN 14, que une Ceibas con Paso de los Libres, además de tramos que llegan hasta la frontera con Brasil y Uruguay. También se contempla la ruta Rosario-Victoria, una de las más importantes para la conectividad interprovincial.

Privatización por peaje y las condiciones del proceso

El proceso de privatización, que será supervisado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, se realizará bajo el régimen de concesión por peaje, según lo establece la Ley Nº 17.520 y sus modificaciones. Los contratos tendrán una duración de 15 años, y la adjudicación se basará en la tarifa más baja que ofrezca el postor, siempre y cuando no se supere un límite máximo fijado por el Estado.

El Gobierno busca, con esta medida, asegurar no solo el mantenimiento y la mejora de la infraestructura vial, sino también la optimización de recursos públicos, a través de una inversión privada en estos tramos clave para el transporte de mercancías y personas. Este es solo el inicio de un proceso que contempla la privatización de más de 8.000 kilómetros de rutas nacionales, afectando a corredores claves como el 33 en Santa Fe y el 19 en Córdoba.

De esta forma, el Gobierno da el puntapié inicial a un proceso que, según sus proyecciones, podría transformar la gestión de la red vial del país y reducir el peso sobre las finanzas públicas.