La agrupación de abogados Será Justicia ha presentado un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura contra los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, quienes exoneraron al empresario Ángelo Calcaterra del juicio por los cuadernos de las coimas, redirigiendo su causa hacia aportes ilegales de campaña.

La solicitud, firmada por María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Raúl Aguirre Saravia, está dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo, Horacio Rosatti. Los abogados acusan a los magistrados de colaborar con la impunidad de los empresarios, permitiendo que otros ejecutivos involucrados en el caso puedan beneficiarse de la misma manera.

Según los denunciantes, Barroetaveña, Mahiques y Petrone habilitaron el 19 de junio la competencia del Juzgado Federal electoral para fallar sobre las imputaciones dirigidas a Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri. Esto permitió que dos imputados eludieran la instancia del juicio oral y público, pese a que la instrucción ya había sido clausurada y existía un requerimiento de elevación a juicio firme.

Será Justicia sostiene que los jueces invadieron la jurisdicción del tribunal oral encargado del caso de los cuadernos de las coimas, validando los argumentos de la defensa y actuando en una contienda de competencia para la que no estaban habilitados. A pesar de que la decisión puede ser recurrida, los abogados afirman que el actuar de los jueces es "viciado e irregular" y no puede ser corregido aunque se revierta la decisión.

"Consecuentemente, consideramos imperiosa la actuación de ese Consejo de la Magistratura en resguardo de la vigencia del Estado de Derecho y del buen funcionamiento del Poder Judicial", escribieron Talerico y Aguirre Saravia. Argumentan que la sentencia que benefició a Calcaterra "no constituye una derivación razonada de los hechos y las normas aplicables al caso y al proceso".

El pedido de juicio político se suma a una presentación similar realizada por el bloque de diputados de la Coalición Cívica, quienes denuncian un "pacto de impunidad" entre sectores de la justicia y la política para frenar causas de corrupción. Según los diputados, los jueces favorecieron a Calcaterra al interpretar que los pagos realizados a funcionarios del kirchnerismo eran aportes de campaña y no sobornos, enviando su caso a la justicia electoral.

María Eugenia Talerico, quien integró la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri, y Aguirre Saravia insisten en que debe investigarse la irregularidad de que la Sala I de la Cámara de Casación haya abierto una queja en un asunto de competencia precluida, beneficiando así a los empresarios imputados.

La comunidad jurídica y la ciudadanía observan con atención este proceso, esperando que se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la justicia en el sistema judicial argentino.