A días del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, el Gobierno promulgó la Ley 27.786, conocida como Ley Antimafias, que endurece las penas para integrantes de organizaciones criminales y facilita la acción judicial contra el crimen organizado en Argentina.

Publicada en el Boletín Oficial, la normativa establece penas de 8 a 20 años para quienes formen parte o colaboren con mafias vinculadas al narcotráfico, lavado de activos, extorsión y trata de personas. Además, permite que los miembros de estas redes sean juzgados con la pena máxima del delito más grave cometido por la organización, sin distinción de roles dentro del grupo delictivo.

Cómo se aplicará la Ley Antimafias

Uno de los puntos clave de la norma es que define como organización criminal a grupos de tres o más personas que actúan de manera concertada para cometer delitos graves. También permite la creación de "zonas sujetas a investigación especial", donde fiscales federales podrán trabajar con fuerzas de seguridad y autoridades provinciales para desarticular bandas delictivas.

El Ejecutivo se basó en modelos internacionales como la Ley RICO de Estados Unidos y la legislación antimafia de Italia, que han sido utilizadas para combatir redes criminales a gran escala.

El proyecto fue sancionado con 38 votos a favor, logrando el respaldo del oficialismo y sectores de la oposición dialoguista. También recibió el apoyo de los senadores Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy), del Frente de Todos. Sin embargo, el resto de la bancada kirchnerista abandonó el recinto antes de la votación para evitar una fractura interna.

Durante el debate, la senadora Carolina Losada (UCR - Santa Fe) destacó la importancia de la ley en la lucha contra el narcotráfico: "Estamos dando una batalla muy dura contra el narcotráfico y esta ley será fundamental. Cada eslabón de la cadena criminal es igual de responsable, y eso es clave para desarticular estas organizaciones".

Por su parte, Oscar Parrilli (Neuquén) cuestionó la norma y advirtió que podría vulnerar el federalismo: "Este proyecto invade la autoridad jurisdiccional de cada gobernador. Debemos corregir este avasallamiento a las autonomías provinciales".

Sin embargo, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) le recordó que la ley fue trabajada en consenso con todos los bloques en Diputados, garantizando su constitucionalidad.

Reformas en seguridad: la Ley de Reiterancia también fue aprobada

En la misma sesión, el Senado sancionó otra iniciativa clave en materia de seguridad: la Ley de Reiterancia, que busca poner fin a la "puerta giratoria" para delincuentes con múltiples condenas.

La normativa, que obtuvo 67 votos a favor, establece que una persona será considerada reincidente si ha sido condenada dos o más veces a penas de prisión, siempre que al menos una de ellas sea firme. Además, introduce un nuevo criterio para evaluar la detención preventiva, sumando las imputaciones previas del acusado como factor clave para que el juez decida si debe permanecer en prisión.

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