El futuro de IMPSA, la histórica metalúrgica de la familia Pescarmona, está en juego. Este viernes 31 de enero vence el plazo para que el fondo de inversión ARC Energy, compuesto por capitales estadounidenses y venezolanos, cierre un acuerdo para reestructurar la deuda millonaria de la compañía. Si no se llega a un acuerdo con los acreedores, la privatización quedará en suspenso y la empresa volvería a ser controlada por el Estado.

ARC Energy presentó una propuesta para adquirir IMPSA, comprometiéndose a pagar un desembolso inicial de 27 millones de dólares y a negociar un plan de pago para los más de 550 millones de dólares que IMPSA adeuda. El gobierno de Javier Milei ve en esta privatización una de sus primeras medidas emblemáticas en su gestión. Sin embargo, las negociaciones con los acreedores de la empresa, que incluyen importantes entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Nación, aún no lograron una resolución definitiva.

¿La primera privatización del gobierno de Milei?

IMPSA, una de las empresas más importantes en la provincia de Mendoza, estuvo bajo control estatal desde su intervención a raíz de la crisis de deuda. La venta de la empresa y su salida del ámbito público se considera un paso clave en el proceso de privatización impulsado por la actual administración. Si bien el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, respalda la operación, aún no existe un consenso completo con los acreedores.

La Comisión Evaluadora del Ministerio de Economía recomendó la venta de la mayoría de las acciones a ARC Energy, lo que representaría la primera privatización concreta del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, para que esta operación se concrete, los acreedores deben aceptar un refinanciamiento de la deuda o el fondo deberá renunciar a esta exigencia, todo antes de este viernes 31 de enero.

Los acreedores clave y las condiciones

Entre los principales acreedores de IMPSA se encuentran instituciones internacionales como el BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF), y grupos de inversión privados como el chileno Grupo Moneda. Además, IMPSA mantiene compromisos con entidades argentinas como el Banco Nación y el Bapro, lo que complica aún más la renegociación de la deuda. A su vez, ARC Energy exige que se firmen contratos con el Estado y la provincia de Mendoza, así como un depósito inicial de 5 millones de dólares para respaldar la operación.

Si no se llega a un acuerdo en las próximas horas, IMPSA podría seguir siendo gestionada por el Estado hasta encontrar un nuevo comprador o negociar una nueva salida para la empresa.