El Gobierno nacional confirmó los lineamientos del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual establece una reestructuración de la deuda a través de un Programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés). El plan contempla un período de gracia de cuatro años y medio y un plazo de amortización de diez años, lo que otorgará mayor margen para el cumplimiento de los compromisos financieros.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, los fondos obtenidos se utilizarán exclusivamente para cancelar letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y para reprogramar vencimientos del acuerdo de 2022. Además, el documento aclara que los pagos de intereses y cargos se efectuarán bajo las condiciones del FMI.

Reestructuración de vencimientos y letras intransferibles

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es la reprogramación de vencimientos por USD 13.000 millones en capital, lo que permitirá posponer pagos hasta 2029 y mejorar la disponibilidad de reservas del Banco Central.

Asimismo, el programa prevé la cancelación de letras intransferibles en poder del BCRA. Estas letras fueron revaluadas recientemente por el Gobierno, reduciendo su valor contable de USD 67.000 millones a USD 23.000 millones.

El plan de pagos se desarrollará de manera progresiva, iniciando con el rescate de títulos que vencen el 1° de junio de 2025, cuyo valor asciende a USD 10.000 millones. Los pagos futuros se concentrarán en 2029, cuando los compromisos superarán nuevamente los USD 10.000 millones, y entre 2031 y 2033, cuando se estiman obligaciones por USD 12.000 millones anuales.

El decreto que formaliza el acuerdo fue emitido bajo la modalidad de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), lo que generó controversia en el ámbito político. Desde la oposición, algunos legisladores presentaron una denuncia contra el presidente Javier Milei, alegando que la medida podría ser inconstitucional.

Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que no es necesario el aval del Congreso para establecer los términos específicos del acuerdo, sino solo para autorizar operaciones de crédito público. De todas formas, el Gobierno enviará el decreto al Parlamento, donde deberá ser evaluado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

El procedimiento legislativo contempla los siguientes pasos:

El Ejecutivo envía el DNU al Congreso en un plazo máximo de diez días.La Comisión Bicameral analiza el documento y emite un dictamen.Si no hay dictamen en diez días hábiles, las Cámaras pueden debatir el decreto en el recinto.Para ser rechazado, ambas Cámaras deben votar en contra, algo que hasta el momento no ocurrió con decretos similares.

Un acuerdo clave en la relación con el FMI

El Gobierno de Milei busca garantizar la estabilidad financiera a través de este acuerdo, evitando un default y reestructurando los compromisos adquiridos en el acuerdo de 2022.

Desde 1956, Argentina ha firmado 22 acuerdos con el FMI, por los cuales recibió un total de USD 182.457 millones en financiamiento. La reestructuración anunciada busca aliviar la presión sobre las reservas y ordenar el pago de la deuda, aunque genera debate en el ámbito político sobre su impacto a largo plazo en la economía del país.