Tras la aprobación del veto al presupuesto, estudiantes de todo el país avanzaron con la toma de universidades. En medio del candente escenario, la Procuración del Tesoro firmó un dictamen que autoriza a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a auditar los fondos destinados a las casas de altos estudios.

Según el documento, firmado por el procurador Rodolfo Barra, la SIGEN tendrá el poder de supervisar el uso de los recursos, un rol que anteriormente era exclusivo de la Auditoría General de la Nación (AGN).

¿CÓMO ERA ANTES EL CONTROL A LAS UNIVERSIDADES?

Hasta el momento, la tarea solamente podía ser realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN), un cuerpo que responde al Congreso, no al Poder Ejecutivo, y que está encabezado por Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante la administración de Alberto Fernández.

Barra también afirma que esta supervisión no contradice la autonomía universitaria garantizada por la Constitución. El procurador argumenta que, aunque la Ley de Educación Superior establece que las universidades deben implementar mecanismos de auditoría interna, esto no excluye la posibilidad de un control adicional por parte de la SIGEN.

TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El Gobierno busca que las universidades respeten los procedimientos de compra establecidos para el sector público. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, afirmó que se busca mayor transparencia en la gestión de recursos. Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se están evaluando las formas de implementar estas auditorías, asegurando que no afectarán la autarquía universitaria.

La estrategia del Gobierno incluye asegurar que las universidades cumplan con los mismos estándares de transparencia y control que se exigen al resto del Estado. Así, la implementación de auditorías podría transformar la manera en que las instituciones educativas gestionan sus recursos, en un momento crítico para la educación en el país.