La administración de Donald Trump volvió a encender la polémica esta semana al lanzar una advertencia directa contra la Universidad de Harvard: si no entrega información detallada sobre presuntas actividades irregulares de estudiantes extranjeros, perderá el derecho a admitirlos. La amenaza llegó acompañada de una fecha límite -el 30 de abril- para cumplir con los requerimientos, y un recorte inmediato de dos subsidios federales que totalizan 2,7 millones de dólares.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue clara: si Harvard no se somete a la supervisión exigida, el Departamento de Seguridad Interior cortará de raíz la llegada de estudiantes internacionales al campus.

Acusaciones de ideología "antiamericana" y tensión en el campus

En declaraciones que encendieron aún más la disputa, Noem acusó a la universidad de sostener una postura "antiamericana y pro-Hamás", en referencia a las protestas estudiantiles propalestinas que se vienen registrando desde marzo. Según la funcionaria, el Gobierno federal "no va a seguir financiando el caos".

La tensión no es nueva, pero el tono ha subido. Harvard, en respuesta, defendió su autonomía institucional y reafirmó su compromiso con la libertad de expresión y el derecho de los estudiantes a manifestarse. 

No vamos a renunciar a nuestra independencia ni a los principios constitucionales que nos rigen, expresaron en un comunicado.

Revocación de visas y nuevas amenazas

En medio de este conflicto, el Gobierno ya revocó o suspendió la legalización de visas de más de 900 estudiantes en todo el país, generando una ola de demandas por supuestas violaciones al debido proceso.

Además, la administración Trump evalúa quitarle a Harvard su estatus de exención fiscal, lo que escalaría aún más el enfrentamiento con una de las instituciones educativas más influyentes del mundo.