Una medida del Gobierno pone en duda el material de las cámaras de seguridad de Olivos en la denuncia de Fabiola Yañez

La falta de registros debido a un procedimiento rutinario de eliminación de videos y problemas técnicos podría entorpecer la entrega de pruebas solicitadas por la Justicia en el caso de violencia de género.

La denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández enfrenta un nuevo obstáculo en su camino judicial: la posible pérdida de registros de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos. 

El fiscal Ramiro González había solicitado los videos de las zonas internas, incluyendo el chalet presidencial y las áreas de huéspedes, desde abril hasta agosto de 2021, para respaldar la investigación sobre las acusaciones de violencia de género presentadas por la ex primera dama.

Sin embargo, la Casa Militar indicó que los registros podrían haber sido borrados como parte de un procedimiento rutinario de eliminación de archivos, que ocurre cada 45 días.

Además, se reportó que algunas cámaras podrían no haber estado conectadas durante el período en cuestión.

A pesar de este inconveniente, el Gobierno expresó su compromiso de colaborar con la Justicia y presentará la nómina del personal doméstico del chalet y de la casa de huéspedes, junto con los datos del exdirector de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra. También se entregará la información sobre el personal de Casa Militar que acompañó a Yañez en un viaje a Misiones en 2021.

El equipo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien supervisa a Casa Militar, es el encargado de responder al pedido de la Justicia. Sebastián Ibáñez, titular de Casa Militar, reemplazó a Alejandro Guglielmi en marzo de este año. Además, González solicitó que se presenten todas las constancias de atención médica a Yañez por parte de la Unidad Médica Presidencial desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023. También se requiere que el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) entregue la historia clínica de la exprimera dama entre 2016 y 2017.

Como parte de la investigación, se ha citado a declarar a la exsecretaria privada de Fernández, María Cantero, al exdirector de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, y al exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez. También será testificada Miriam Yañez Verdugo, madre de la denunciante.

El Ejecutivo, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, manifestó su intención de presentar toda la documentación necesaria para acelerar el proceso judicial. Sin embargo, en un contexto de creciente polarización política, la Casa Rosada optó por posponer actos y anuncios para no desviar la atención mediática. 

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