Una mujer trans está acusada de abusar y embarazar a una presa en la cárcel
La Justicia cordobesa confirmó la prisión preventiva de Gabriela Fernández y ordenó un traslado especial tras una serie de controversias y acusaciones por violencia de género en contexto carcelario.
Gabriel Fernández comenzó sus problemas judiciales hace menos de una década. Gran parte de sus parejas lo acusaron de maltrato y violencia de género. Fue preso. En medio de ese largo proceso anunció que se autopercibía mujer y debía ser tratada como tal. La ley así lo obliga. Fue entonces cuando se registró una situación insólita: con su nueva identidad, Gabriela, rechazó las acusaciones y sostuvo que no podía ser imputada por violencia de género si era una mujer. Volvió a la cárcel frente a nuevas imputaciones y alojada en un pabellón de mujeres violó a una interna que quedó embarazada. Todo sucedió en una cárcel de Córdoba.
Un cambio de identidad que generó controversias
Fernández comenzó a cumplir una condena en 2016, momento en que aún se identificaba como hombre y fue sentenciado por delitos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, al año siguiente, anunció que se autopercibía mujer, lo que según la ley le otorgó el derecho a ser trasladada a un pabellón de mujeres. En 2019, tras el cambio de identidad, nuevas denuncias surgieron en su contra; esta vez, por delitos cometidos contra mujeres internas. En prisión, fue acusada de abuso sexual de una compañera, quien luego resultó embarazada. La situación impulsó a los jueces a decidir un nuevo traslado para proteger a las demás internas.
La postura de los jueces sobre el caso
Los jueces de la Cámara de Acusación de Córdoba, entre ellos Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies, analizaron las particularidades de este caso al determinar que Gabriela debía ser alojada en un espacio donde su identidad sea respetada, pero sin exponer a otras internas a posibles riesgos."Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres", afirmó el fallo.
En el fallo, los magistrados explicaron: "Nos encontramos ante un supuesto contrario al previsto; es decir, la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, convierte en víctimas a sus compañeras, aprovechando su situación en un establecimiento que no está preparado para estos casos".
Un informe del Servicio Penitenciario de Córdoba describe a Fernández como "una interna intrépida y temeraria", quien utilizó "su condición de género ‘binario' como amenaza" y mantuvo control sobre sus compañeras "imponiéndose en los términos de los viejos códigos carcelarios". Esta situación llevó a que se considerara un riesgo para otras internas, quienes se sentían amenazadas.
El caso de Fernández no es el primero en el ámbito internacional. En 2019, en el Reino Unido, la prisionera transgénero Karen White fue trasladada a una unidad penitenciaria femenina, donde luego agredió sexualmente a dos internas. Este antecedente fue un punto de referencia en el fallo de los jueces cordobeses, quienes subrayaron la importancia de contar con instalaciones específicas para personas transgénero, una medida que aún no está disponible en muchas prisiones argentinas.
Karen White, actualmente condenada a cadena perpetua por violar a su compañera de celda.
¿Un vacío en la ley o un problema de aplicación?
El tribunal también abordó el desafío que implica la aplicación de la Ley de Identidad de Género en contextos penitenciarios. "No se limitó, restringió o suprimió el ejercicio del derecho a la identidad de género de Fernández", subrayaron los jueces. Sin embargo, advirtieron sobre la falta de estudios o pericias que determinen el impacto de estos cambios en el entorno carcelario y las implicancias de alojar a personas con diferentes identidades en espacios donde se deben garantizar los derechos de todos los reclusos.
La decisión de los jueces fue clara: trasladar a Fernández a una ubicación distinta tanto de hombres como de mujeres, en un espacio que evite riesgos para los internos. "Debe primar, sin lugar a dudas, el aseguramiento del bienestar de las internas y no la prioridad de personas con autopercepción femenina sobreviniente", concluyó el fallo.